Varias capitales. eldiario.es / agencias
La Franja de Gaza es un territorio palestino de 41 kilómetros de largo y de entre 6 y 12 kilómetros de ancho y tiene alrededor de 2,3 millones de habitantes, lo que lo convierte en una zona con gran densidad de población.
Antes de los bombardeos sionistas que iniciaron el 8 de octubre de este año, el 62% de la población necesitaba asistencia alimentaria; los cortes de electricidad eran de 11 horas promedio diario; el 78% del agua corriente no era apta para el consumo humano; y el desempleo era del 46% –en el resto de Palestina es del 13%.
En la “Guerra de los Seis Días” de 1967 Israel ocupó ilegalmente –con condena de varias resoluciones de Naciones Unidas– Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio. A día de hoy, y a pesar de su ilegalidad, mantiene esa ocupación, excepto en el Sinaí, devuelto a Egipto en 1979, tras la firma de los acuerdos de paz de Camp David. Esta ecuación impide de facto la creación del Estado palestino asignado por Naciones Unidas como tal.
Tras los Acuerdos de Oslo de 1993 que crearon la Autoridad Palestina, Israel se retiró de la zona, dejando algunos asentamientos e instalaciones militares. Finalmente, en 2005, el Gobierno de Ariel Sharon aprobó el plan de retirada total de Gaza, desmantelando los asentamientos que quedaban y desplazando a sus 9,000 residentes israelíes –Benjamin Netanyahu, entonces ministro de Economía, dimitió en señal de protesta.
Los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza están separados entre sí por Israel. La población de Gaza sufre desde 2007 un bloqueo que dificulta enormemente la salida de sus habitantes y la entrada de productos básicos y que ha convertido la Franja en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Casi dos millones de personas –un millón, menores de edad– viven apelotonadas en 41 kilómetros de largo y 10 de ancho. Desde 2004 ha sido bombardeada por Israel en numerosas ocasiones, con algunas ofensivas que llegaron a provocar más de mil muertos palestinos, la mayoría civiles.
¿Qué es Hamas?
Harakat al-Mukawama al-Islamiya (Hamas) –Movimiento de Resistencia Islámico– es un grupo armado palestino y también es uno de los dos principales partidos políticos de Palestina que ha ganado elecciones democráticas. Fue fundado en 1987 por Ahmed Yassin. Palestina celebró elecciones en 2006 en todo su territorio, Cisjordania y Gaza. Hamas ganó los comicios con un 44% de los votos y Fatah, el otro gran partido palestino, recibió un 41%.
Israel anunció un bloqueo por tierra, mar y aire sobre la Franja de Gaza en 2007 como respuesta a la toma de poder de Hamas. Los gazatíes no pueden salir y entrar libremente, al igual que bienes y servicios. El bloqueo ha ido evolucionando en función de la situación política e Israel ha endurecido el asedio tras el ataque de Hamas del pasado sábado. “No habrá electricidad, ni comida, ni combustible, ni agua. Todo está cerrado”, aseguró el ministro de Defensa israelí.
El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue elegido primer ministro de la Autoridad Palestina aunque Hamas había rechazado los acuerdos de Oslo porque se negó a reconocer al Estado Israelí. Las presiones internacionales, sanciones y el secuestro por militantes del grupo de un soldado israelí acabaron con la caída del Gobierno y un enfrentamiento abierto y armado entre Fatah y Hamas.
Las milicias de Hamas vencieron a las unidades de Fatah y tomaron el control de Gaza, anunciando una ruptura con la Autoridad Palestina de Cisjordania y la presidencia de Mahmud Abás, de Fatah. Hombres enmascarados armados ocuparon la oficina de Abás y uno de ellos, celebrando la victoria, fingía una llamada telefónica con la secretaria de Estado de EEUU: “Hola, Condoleezza Rice, ahora tienes que tratar conmigo”.
Desde entonces no se han vuelto a celebrar elecciones legislativas en Palestina, ni en Cisjordania ni en Gaza. Tampoco se han celebrado elecciones a la presidencia desde 2005 y el mandato de Abás caducó hace 14 años.
Los otros territorios robados por Israel
En Cisjordania y Jerusalén Este viven más de 500 mil colonos judíos que ocupan tierras palestinas y controlan la mayoría de los acuíferos. El territorio es una especie de queso gruyer con pueblos palestinos aislados, separados entre sí y de la propia Jerusalén Este por el llamado muro del apartheid y por carreteras de uso exclusivo para israelíes. La desconexión territorial es en sí misma un castigo colectivo a la población palestina. La ocupación ilegal de Cisjordania sigue extendiéndose cada año, con la construcción de nuevos asentamientos ilegales, impulsados por colonos judíos que cuentan con la protección del Ejército israelí e incluso con subvenciones del Estado.
La vida en Cisjordania es muy dura para la población palestina. Está sometida a un régimen de segregación y sufre limitación en su libertad de movimientos, con la existencia de unos 200 puestos militares israelíes permanentes y un par de centenares más móviles que controlan las entradas y salidas. Hay menores palestinos que se levantan a las cinco de la madrugada cada día para hacer frente a la larga espera en los puestos de vigilancia sionista con la intención de llegar a sus institutos, colegios o universidades. A veces lo consiguen, a veces no.
A estas dificultades diarias se suma en los últimos meses el incremento de agresiones de colonos contra población palestina. Desde enero hasta septiembre de este año más de 200 palestinos habían muerto en Cisjordania a manos de colonos o soldados israelíes, cuarenta de ellos menores.
Además, el Ejército israelí sigue derribando periódicamente viviendas de palestinos o expulsándoles de sus casas a través de un proceso de desposesión. Todos esos obstáculos y humillaciones cotidianas empujan a muchos palestinos a emigrar a otros países donde, en muchos casos, les es más fácil hallar derechos y una vida digna. Quedarse es en sí una forma de resistencia.
Otro de los castigos colectivos son los arrestos arbitrarios. A día de hoy hay 5,200 palestinos en prisión. De ellos, 33 son mujeres y 170, menores. 1,264 están bajo detención administrativa, recluidos indefinidamente sin enfrentar juicios ni cargos. Los que no son arrestados bajo esa práctica son siempre juzgados en tribunales militares. La ley israelí permite que sean condenados por participar u organizar protestas, imprimir o distribuir material político, ondear banderas palestinas y otros símbolos políticos.
Uno de cada cinco palestinos ha sido detenido alguna vez por Israel, dos de cada cinco en el caso de los hombres. El maltrato a palestinos en las prisiones israelíes es habitual y ha sido denunciado por multitud de organizaciones de derechos humanos.
En los últimos quince años murieron a causa de la violencia 6.401 palestinos y 308 israelíes. La superioridad militar de Israel es incuestionable, y esto le ha permitido aplicar políticas sistemáticas de opresión contra la población palestina y de apartheid, tal y como han denunciado organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y B’tselem, así como el relator especial de Naciones Unidas, el antiguo secretario de Naciones Unidas Ban Ki-Moon o el expresidente de EEUU Jimmy Carter, entre otros.
Crimen de guerra
En 2020, el relator especial de la ONU para Palestina ya denunció que el bloqueo de Gaza representa un castigo colectivo, que a su vez constituye un crimen de guerra. “Aunque la justificación de Israel para imponer el bloqueo a Gaza es contener a Hamas y garantizar la seguridad de Israel, el impacto real ha sido la destrucción de la economía de Gaza, causando un sufrimiento inconmensurable a sus dos millones de habitantes”. Diferentes ONG, académicos e incluso la actual relatora especial de la ONU han calificado la región como una “prisión al aire libre”.
En las últimas décadas se ha podido observar que siempre que Israel invoca su derecho a la defensa exige, de forma implícita, vía libre para perpetuar su pecado original: el acto ilegal de la ocupación, el bloqueo, el asedio, el apartheid y, si lo considera oportuno, licencia para matar. Ante ello, el doble rasero de la comunidad internacional occidental es notable. Se privilegia a la potencia ocupante frente al pueblo ocupado.
En la narrativa de Israel, defenderse implica negar derechos a la población palestina. Para persistir como Estado judío de mayoría judía el Gobierno israelí discrimina, oprime y aparta a los palestinos que habitan en los territorios ocupados, lo cual es incompatible con el carácter democrático que asegura tener.
Es decir, reivindica los territorios palestinos como propios –Netanyahu mostró recientemente en Naciones Unidas un mapa en ese sentido, desafiando las propias resoluciones de la ONU– pero no está dispuesto a asumir a la población palestina como ciudadana de plenos derechos en un Estado binacional. Al contrario: niega sistemáticamente derechos e igualdad a los palestinos, a los que en algunos casos usa como mano de obra explotada y barata que al final del día es devuelta al otro lado del muro, cual ganado.
Al mismo tiempo también sigue negando la posibilidad de un Estado palestino –como dicta Naciones Unidas–, porque para ello tendría que entregar los territorios palestinos que ocupa ilegalmente, algo a lo que sigue sin estar dispuesto.
Resistencia pacífica sin resultados
La sociedad civil palestina lo ha intentado todo a lo largo de las décadas: resistencia no violenta, dos Intifadas, manifestaciones, protestas o campañas de boicot a los productos que se fabrican en territorios ocupados ilegalmente, siguiendo el modelo de lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Todos los mecanismos no violentos han obtenido represalias por parte de Israel, con disparos, asesinatos, detenciones, multas o criminalización.
Por poner dos ejemplos, la Flotilla a Gaza que en 2010 intentó romper el bloqueo para llevar ayuda humanitaria terminó con once personas muertas por fuego israelí. La Gran Marcha pacífica en Gaza de 2018 recibió balas israelíes como respuesta, con cientos de muertos y miles de heridos y mutilados.
Toda agresión israelí suele ser presentada como una legítima defensa, lo que facilita que se repitan los crímenes. La propia ocupación ilegal y la aplicación del apartheid son justificados de ese modo por el Gobierno de Tel Aviv.
Cuando el Ejército israelí asesina a palestinos en Cisjordania, los gobiernos europeos y estadounidense no dicen que la población palestina tiene “derecho a defenderse”. Pero cuando grupos armados palestinos asesinan a israelíes, la comunidad internacional occidental apoya “el derecho” de Israel “a defenderse y responder”, a sabiendas de lo que eso suele significar en términos de pérdida de vidas civiles palestinas. Recordemos que en los últimos quince años el 95% de las muertes han sido de palestinos, según datos de Naciones Unidas.
“Cuando empezó el bloqueo de Gaza yo tenía 12 años. En mi familia hemos perdido nuestra casa varias veces y he vivido las guerras de 2008, 2012, 2014, 2020, 2021 y 2022”, decía en una entrevista con elDiario.es en 2022 Majd Mashharawi, empresaria nacida en Gaza.
Estado terrorista
Poco después de los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre, el diputado y miembro del partido israelí Likud, Ariel Kallner, llamaba a una segunda Nakba –700.000 palestinos expulsados en 1948, 600 aldeas arrasadas–, el ministro de Finanzas israelí –que se define a sí mismo como fascista y homófobo– decía que “tenemos que ser crueles ahora y no considerar demasiado a los cautivos”, un portavoz militar israelí ha afirmado que “nuestro objetivo está en crear daño, no en la precisión” y el propio primer ministro Netanyahu anunciaba una “poderosa venganza”. A esto es a lo que han estado dando respaldo Estados Unidos y Europa estos días.
“No se puede decir que nada justifica matar a israelíes y luego justificar el asesinato de palestinos. No somos infrahumanos”, clamó el pasado lunes el embajador palestino en Naciones Unidas.
Israel puede poner fin al mal llamado conflicto, pero, como indica el israelí Rami Elhanan, integrante de la organización Parent´s Circle, “Israel solo aceptará suscribir un pacto de paz cuando se dé cuenta de que el precio de no tener paz es más alto que el de tenerla”.
La solución lleva muchos años encima de la mesa –hay varias propuestas válidas– en forma de acuerdo que contemple el fin de la ocupación ilegal y del régimen de discriminación, y el cumplimiento del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas. Pero por lo que ha mostrado históricamente, Israel no estará dispuesto a no ser que la realidad le obligue a ello.
La autoría de los actos ilegales y criminales israelíes no corresponde a una banda terrorista, sino a un Estado que se erige con derecho para asesinar extrajudicialmente, ocupar ilegalmente, aplicar políticas de segregación y normalizar la deshumanización a través del apartheid. Esto es lo que sigue permitiendo la comunidad internacional occidental, escribiendo uno de los capítulos más negros de su historia reciente.
Solo hay dos caminos: búsqueda de la paz y negociación asumiendo que los palestinos existen, que deben tener derechos y que no pueden ser enterrados bajo la arena, o persistencia en la opresión y la violencia contra ellos, con la eliminación física de cientos o miles de forma periódica. O con una limpieza étnica de cientos de miles. Cuanto antes se trabaje por la única opción válida, mejor. La paz siempre es posible.
