San José. Agencias
Costa Rica vive una ola de homicidios nunca antes vista en este país de poco más de 5 millones de habitantes, que además es un gran destino turístico. El martes, asesinaron a un policía e hirieron gravemente a otro.
La frecuencia del registro de delitos es alta. Según el repositorio de estadísticas policiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el país hay actualmente hasta un reporte de homicidio cada 10 horas.
El Poder Judicial recibe más de una denuncia por asalto y por robo cada hora, casi dos denuncias por hurto por hora, una denuncia por robo de vehículo cada dos horas y una denuncia por tacha de vehículo cada tres horas, aproximadamente.
2023 ya se ha convertido en el año más mortífero en la historia de Costa Rica y el número de muertes violentas ya supera todos los registros anteriores. Y eso que todavía quedan más de tres meses para darle la bienvenida al 2024, lo que muestra que la situación actual es particularmente delicada.
Carcomida por la violencia
El OIJ estima que 2023 cerrará con 931 homicidios (18 homicidios por cada 100 mil habitantes. El año pasado ya se había marcado un nefasto récord de 654 muertes de este tipo, para una tasa de 12,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año, dicha cifra se superó a falta de un trimestre.
Hasta el 30 de septiembre pasado, el OIJ registraba 662 crímenes. Esta cifra es un 42% mayor que la del año pasado. “Sigue creciendo la cantidad y eso nos pone en un punto de inflexión”, dijo el director del OIJ, Randall Zúñiga.
Los homicidios en el año actual crecieron en seis de las siete provincias del país que, por décadas, se reconoció como el más seguro de Centroamérica. El mayor aumento se dio en San José, que duplicó la cifra de 2022. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue 12.6 en 2022 y podría subir a 16 en 2023, según las proyecciones, aunque en territorios como la provincia caribeña Limón ronda 33 por cada 100 mil habitantes.
Según los datos del OIJ, 2022 registró una cifra histórica de homicidios de 657, es decir 1,8 homicidios por día, reportando un aumento de un 11.56% en relación con 2021.
Si se comparan los datos de 2023 con los de hace dos años, las denuncias por asalto crecieron un 20.5%, las de hurto en un 14% y las de robo de vehículos en un 34%.
El estadounidense Evan Ellis, profesor e investigador de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos que conoce muy bien el país, dice que Costa Rica está siendo carcomida por la violencia.
“A veces el deterioro toma tiempo, pero una vez en que el deterioro es evidente, ya hay un grave, grave problema. Y entonces, ¿qué está pasando en Costa Rica en mi opinión? Bueno, es como en casa: bonita pero atacada por termitas”, dijo Ellis. “En Costa Rica, lo que observo es que había fuerzas de frustración con la democracia. Hasta antes del Covid-19, el sistema estaba bajo estrés”, agregó.
Las autoridades han denunciado torturas y asesinatos entre bandas, muy similares a los cometidos por los cárteles mexicanos. Aunque son varios los motivos, hay uno que sobresale por encima de todos: el país se ha contagiado de la ola de crímenes violentos que asola a Centroamérica, excepto Nicaragua, que goza de una seguridad envidiable.
Las razones de la inseguridad
Añadió que se hace urgente elevar la inversión pública en seguridad. También ha manifestado que coincidieron un aumento en la complejidad de las estructuras criminales y en una desatención por parte de las autoridades nacionales, que además no han sido apoyadas con los recursos suficientes.
“Nosotros hablamos de cómo habíamos pasado de estructuras pequeñas territoriales a microcárteles criollos, que le hemos llamado. Los grupos criminales ya se estaban conformando como una empresa, tenían sus divisiones, tenían su personal a sueldo, con una parte de logística que se encarga de obtener armas, obtener lo que ocupen para cometer la criminalidad. Ya esto era algo previsto que podía suceder y sin embargo, a pesar de todas las advertencias, a pesar de todo lo que se dijo, pues siguió”, dijo el jerarca de la policía judicial.
Además, afirma que las autoridades notan una mayor violencia en los eventos que se presentan (mutilaciones, incineraciones y asesinatos públicos), así como una profesionalización en el sicariato.
“Me da mucha pena ver cuerpos calcinados, mutilados o con señales de haber sufrido tortura. Se necesita una reacción muy fuerte”, dijo Zúñiga sobre los métodos de disputa y venganza entre bandas narcotraficantes, a las que se atribuyen dos tercios de los asesinatos.
Zúñiga también asegura que el cobro de préstamos “gota a gota” influye en las cifras de homicidios, pues se trata de un sector que también utiliza ajusticiamientos y amenazas como parte de sus operaciones de todos los días.
El martes pasado, el presidente Rodrigo Chaves, reconoció que “hay una situación de crisis en el tema de los asesinatos, producto fundamentalmente de las guerras entre bandas criminales, eso no justifican esos asesinatos, pero es la realidad de las cosas”.
“Todos los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) reconocemos que este es un momento de trabajar juntos con legislación, con acción policial y obviamente del Poder Judicial de llevar a cabo las investigaciones criminales como le corresponde a la Fiscalía, preparar los casos e implementar leyes nuevas”, agregó.
Costa Rica posee una ubicación estratégica en el tráfico de drogas, ya que se encuentra en la ruta entre Colombia, como país productor, y Estados Unidos y Europa, como principales consumidores. De esta manera, prácticamente dos tercios de los homicidios que se han producido en este 2023 se atribuyen a bandas criminales que luchan por el control de las operaciones en el país.
Un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, una institución estatal, ya señala que los costarricenses creen que la inseguridad y la delincuencia son el principal problema del país en la actualidad.
Asesinan a un policía
La muerte de un policía en plena acción incitó el jueves una cascada de opiniones de autoridades del orden público y seguridad en Costa Rica, sobre cómo frenar los índices de criminalidad que enfrenta el país.
En horas de la noche de este martes, un agente del OIJ falleció y otro está herido de gravedad luego de ser atacados a balazos en Tirrases de Curridabat, San José.
En la acción, la Fuerza Pública detuvo a dos sospechosos, uno de ellos un adolescente, de 17 de años, y otro de 21, quienes viajaban en una motocicleta al momento de perpetrar el ataque contra los agentes, según el informe oficial.
Debo reconocer la labor de Fuerza Pública, que muy rápido llegó al sitio y detuvo a estas personas. La moto quedó en el sitio, uno de los tenis de uno de ellos y el arma, dijo al noticiario Teletica el director del OIJ, Rándall Zúñiga.
Estamos de luto, siempre seguimos en la lucha contra la criminalidad, pero hoy nos han golpeado duramente, expresó Zúñiga, al destacar que la Policía Judicial está «en clara desventaja» ante la falta de acciones concretas por parte de las autoridades del país.
Insistió al Ejecutivo y al Parlamento unicameral una contraofensiva para frenar la ola de violencia que hoy los alcanza como entidad.
No necesitamos palabras ni discursos bonitos, necesitamos acciones concretas, puntualizó Zúñiga, en alusión a las reuniones del Consejo de Seguridad. De hecho, el lunes último el presidente, Rodrigo Chaves, convocó de manera urgente a esta reunión.
Otro que ofreció sus impresiones a la prensa fue el fiscal general, Carlo Díaz, quien mostró su preocupación por la ola de homicidios, que alcanza la cifra máxima de 680 hasta la fecha, superior a las estadísticas del 2022. Tenemos que pasar de las buenas intenciones a los actos, subrayó.
Autoridades estiman que para fines de año deben llegar a 900 muertes violentas, hecho inédito en esta nación centroamericana.
