Ciudad Panamá. Agencia EFE
La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica, cuya aprobación en el Congreso desató protestas que han tenido semiparalizado al país desde hace más de un mes.
María Eugenia López, presidenta del máximo tribunal, anunció que “hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406” que refiere al contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM).
“Lo anterior significa que la refrida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, añadió la magistrada, al anunciar el fallo luego de cuatro días de deliberaciones entre los nueve miembros del máximo tribunal del país.
Luego del anuncio se desataron celebraciones de un grupo de manifestantes que pasaron toda la noche afuera de la corte.
Se espera que la decisión ponga fin a una crisis nacional y al mismo tiempo abra un frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense FQM.
Las protestas contra el contrato minero
Las protestas, las mayores en Panamá desde la caída del exdictador Manuel Antonio Noriega en 1989, y los bloqueos de rutas derivados de ellas han provocado pérdidas por más de 1.700 millones de dólares en el sector agropecuario, turismo y comercio, según el gremio empresarial.
El movimiento estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno y FQM para operar por 40 años una mina de cobre a cielo abierto en el Caribe panameño. El contrato fue rubricado en agosto por el gobierno y la compañia canadiense, después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.
La mina de cobre
La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2.500 provedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares anuales.
Los ambientalistas afirman que la mina daña severamente el medioambiente por estar en un corredor biológico que conecta a Centroamérica y México.
Minera Panamá ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, según informó el pasado 26 de noviembre el Gobierno panameño, que dijo estar listo para defender al Estado.