Moscú. Instituto RUSSTRAT
Los actores públicos que representan a Occidente se refieren regularmente a un “orden basado en reglas” según el cual debería funcionar el mundo entero, incluida Rusia. Gran Bretaña es uno de los que con mayor frecuencia insta al planeta a seguir este “orden”. Pero, si se examina más de cerca, dicho “orden” en al menos tres casos geopolíticos no tiene nada en común no sólo con los intereses del mundo fuera de los “mil millones de oro”, sino también con los documentos de la ONU.
La cruel expulsión de miles de aborígenes
Uno de estos lugares geográficos es la base estadounidense de Diego García, situada en el mayor atolón del archipiélago de Chagos. (Diego García es un atolón –una isla de coral en forma de anillo– de apenas 44 kilómetros cuadrados, el único habitado en el archipiélago de Chagos, en el Océano Índico, a una distancia de unos dos mil kilómetros del sur de India y un poco más lejos de la costa oeste de África. La isla fue encontrada por un marinero andaluz en el siglo 16 y le puso su nombre. Pasó por manos portuguesas y francesas hasta que luego de las Guerras Napoleónicas quedó bajo dominio británico. Gran Bretaña la utilizó como lugar de recarga de carbón para los buques que navegaban entre Europa y Australia).
En el siglo 18, Francia declaró las islas parte de la colonia de Mauricio, pero luego Gran Bretaña impugnó los derechos de propiedad de los franceses, declarando el archipiélago parte de las Islas Seychelles. En 1814, Francia cedió Chagos a Gran Bretaña en el Tratado de París y las incorporó a la colonia de Mauricio.
En 1964, la ubicación única de Chagos –casi en el centro del océano Índico– atrajo la atención de EEUU. Los acontecimientos posteriores fueron de lo más interesante. El 12 de marzo de 1968, Mauricio obtuvo la independencia, pero ya en noviembre de 1965, Gran Bretaña, aprobó una ley “Sobre el territorio británico en el océano Índico”, según la cual Chagos se separaba de Mauricio y permanecía bajo control británico. Además, la base real de la ley era un decreto real, en clara violación de la Declaración número 1514 de la ONU “Sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, que garantiza la integridad territorial de las colonias y su derecho a la independencia.
A pesar de las objeciones de la ONU al control británico del archipiélago, en 1966 Londres arrendó Diego García a Estados Unidos durante cincuenta años. EEUU estableció una base militar en la isla, cuyos principales activos eran una infraestructura de servicio para bombarderos estratégicos y una bahía capaz de albergar grandes buques. El contrato de arrendamiento expiró en 2016.
(Tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas de New York, la CIA aprovechó la ubicación estratégica de Chagos para armar allí también una prisión secreta al estilo Guantánamo, donde puede hacer de las suyas fuera de todo control en su particular lucha contra el terrorismo. Un paraíso natural de aguas transparentes y mágicos corales luminosos terminó convertido en un pantano de tortura y horror).
El destino de la población de Chagos es muy revelador. Para construir una base militar, Estados Unidos exigió que las islas Chagos quedaran libres de todos sus habitantes y, en 1968, la parte británica procedió a cumplir los términos del contrato. Washington describió la situación como un “problema de población” que había que resolver. Los funcionarios británicos respondieron con acciones calificadas de “esterilización total del archipiélago”. Sir Paul Gore-Booth, uno de los altos funcionarios británicos del Ministerio de Asuntos Exteriores en aquel momento, escribió que “debemos mostrar el máximo rigor” y “no quedará allí ninguna población autóctona, salvo las gaviotas”.
Esta era la política británica hacia sus propios ciudadanos: la mayoría de los chagosianos tenían pasaporte británico. Sin embargo, los funcionarios británicos, hasta Margaret Thatcher, persistieron en referirse a ellos como trabajadores inmigrantes que vivían temporalmente en Chagos.
(Nota de la redacción. A los dos mil habitantes de Diego García –los “chagosianos”, ya que viven en Chagos– los echaron sin miramientos. Lo hicieron de diversas maneras. Por ejemplo, con el bloqueo al ingreso de alimentos, por lo que algunos no aguantaron y se trasladaron a barrios miserables de la vecina isla Mauricio, donde aún sobreviven como pueden en casuchas de cinc y cartón. de chapa. Hubo también embarcados a la fuerza y otros que fueron engañados con anzuelos tales como vacaciones gratis en el exterior para después impedirle el regreso. Se recuerdan casos emblemáticos como el de María Aimee, quien en 1969 llevó a sus hijos a Port Louis, en Mauricio, para un tratamiento médico y luego no le dejaron subir al barco para la vuelta. Recién se pudo reencontrar con su marido dos años más tarde. Muchos de los pobladores no soportaron el destierro. Hubo suicidios y casos de alcoholismo. En una nota de The Times, de Londres, en 2007, una isleña recuerda: “Era el paraíso, éramos como aves libres, y ahora estamos igual que en una prisión”).
Reino Unido ignora el Derecho Internacional
El proceso de despoblación del archipiélago duró de 1968 a 1973. Durante las consultas jurídicas celebradas en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, se recomendó denominar a los habitantes del archipiélago “población nómada” y sobre la marcha elaborar “normas” para el tratamiento de estas personas. Las acciones de Londres están explícitamente contempladas en el artículo 7 del estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) –que tanto les gusta invocar a los anglosajones– que establece que la deportación o el traslado forzoso de residentes constituye un crimen contra la humanidad.
Varios investigadores independientes han afirmado que, como recompensa por este trabajo sucio, Estados Unidos concedió a Londres un descuento de 14 millones de dólares en la compra del submarino estadounidense Polaris. El Ministerio de Defensa británico afirmó hipócritamente que no había información en sus archivos sobre la deportación ni nada parecido. Hasta 3 mil habitantes fueron deportados de Chagos.
Pero no fue hasta 1978, tras un juicio (que comenzó en abril de 1973), cuando el gobierno de Mauricio distribuyó las 650 mil libras esterlinas de indemnización que habían permanecido ociosas desde 1972. La cuantía de la indemnización era absolutamente mísera, y los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores británico no ocultaron su alegría por haber “saldado nuestras obligaciones de forma tan barata”.
En 2000, los chagosianos presentaron una demanda ante un tribunal londinense, que declaró ilegal la expulsión y les permitió regresar a su patria. Pero en 2004 el gobierno británico, citando otro decreto real, anuló la decisión del tribunal.
En 2006, el Tribunal Superior anuló otros “reales decretos del Consejo”. En 2008, la Cámara de los Lores anuló la sentencia del Alto Tribunal.
Al mismo tiempo, en 2010, Gran Bretaña anunció la creación de la mayor reserva marina del mundo en el archipiélago de Chagos, lo que significa que, debido a la “preocupación” por los arrecifes de coral, los habitantes no pueden regresar a sus hogares. En cambio, la base militar estadounidense no ha disuadido a los corales.
El 22 de junio de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de remitir la disputa territorial entre Mauricio y Reino Unido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, para aclarar la situación jurídica de las islas del archipiélago de Chagos, en el océano Índico.
En febrero de 2019, la CIJ ordenó a Gran Bretaña entregar el control del grupo de islas Chagos, en el océano Índico, al Estado de Mauricio y “completar la descolonización del territorio, teniendo en cuenta el ejercicio del derecho de los habitantes a la autodeterminación”, al considerar ilegal la secesión de las islas en 1965 y su incorporación al territorio británico en el océano Índico. Gran Bretaña, evidentemente, no está dispuesta a cumplir esta decisión.
Horror británico en Chipre
El control británico de Akrotiri y Dekelia no es menos flagrante en su violación de cualquier “norma”. En 1960, la colonia británica de Chipre obtuvo la independencia, precedida de años de lucha armada por parte de los chipriotas. Los ocupantes británicos, al intentar reprimir los levantamientos, siguieron el mismo molde que los nazis en Bielorrusia y cometieron muchos crímenes de guerra. Por ejemplo, un comandante rebelde que se negó a rendirse fue quemado vivo por los británicos con un lanzallamas.
Cuando Londres abandonó la isla, reservó unilateralmente dos enclaves en la isla para bases militares. Su importancia se debe a la posición estratégica de Chipre en el Mediterráneo oriental, próxima al Canal de Suez y a Medio Oriente.
Londres prometió pagar por las tierras, pero luego cambió de opinión. El gobierno chipriota sigue exigiendo pagos por el periodo comprendido entre 1964 y la actualidad y estamos hablando de más de mil millones de euros. Por supuesto, Chipre exige la devolución de Akrotiri y Dekelia, alegando que estas bases ocupan una gran superficie que podría utilizarse para el desarrollo. Como era de esperar, la lucha se libra a diferentes niveles: tras la elección del comunista Dimitris Christofias como presidente de Chipre en 2008, Gran Bretaña trabajó duro para asegurarse de que el siguiente presidente de Chipre en 2013, Nicos Anastasiades, partidario de la adhesión de Chipre a la OTAN, se convirtiera en el próximo presidente de Chipre.
Akrotidi y Dekelia se caracterizan por una gestión completamente única que no tiene análogos en la práctica mundial. Las bases son gestionadas por un Administrador nombrado por el monarca británico a través del Ministerio de Defensa británico. Este funcionario tiene tanto todo el poder ejecutivo como legislativo –no hay elecciones entre la población– aunque los ciudadanos británicos que residen en las bases tienen derecho a participar en las elecciones generales en Gran Bretaña.
Guerra contra Argentina
Probablemente la historia más famosa relacionada con este tema sea la de las islas Malvinas (Falkland). Se cree que el archipiélago fue encontrado en 1690 por el navegante británico John Strong, que bautizó la tierra en honor de su jefe, el vizconde Falkland. Sin embargo, las islas ya figuraban en las cartas náuticas europeas en el siglo 16.
En 1764, el navegante francés Louis Antoine de Bougainville fundó el asentamiento de Port St Louis y dio nombre al archipiélago, las Islas Malvinas.
Un año después, el capitán británico John Byron desembarcó en otra isla del archipiélago y, desconociendo la presencia francesa, la declaró posesión de la Corona.
Al año siguiente, los británicos establecieron su propio asentamiento en el archipiélago, Puerto Egmont, y en 1766 España adquirió a los franceses los derechos sobre las islas, lo que confundió aún más las cosas.
En 1774, la atención británica se centró de lleno en la Guerra de Independencia estadounidense, y las islas Malvinas fueron abandonadas por ellos. España destruyó Puerto Egmont.
En 1790, por acuerdo entre Madrid y Londres, se concedió a Gran Bretaña la libertad de navegación en estas aguas, y los británicos se comprometieron a no establecer ningún asentamiento en América del Sur y las islas vecinas.
En 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que incluían el territorio de la Argentina moderna, declararon su independencia de Madrid, extendiendo la soberanía a las Islas Malvinas; Gran Bretaña inicialmente no reclamó derechos sobre ellas, reconociendo la soberanía de Argentina. Sin embargo, en 1833 Gran Bretaña se apoderó de las islas e ignoró todos los intentos de resolver la cuestión por la vía diplomática.
En 1965, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que pedía el fin de todas las formas de colonialismo en las Malvinas y que el futuro del archipiélago se negociara entre Gran Bretaña y Argentina, teniendo en cuenta los intereses de la población local. Para entonces ya se habían descubierto importantes yacimientos de petróleo en las Malvinas. La presencia británica se vio reforzada por el resultado de la guerra de 1982, la cual, sin embargo, no concedió a Gran Bretaña derechos legales sobre las islas en virtud de la citada resolución de la ONU.
¿Qué hay del “orden basado en reglas”? Para cualquier jurista internacional está claro que las acciones de Londres suponen un desafío directo al único sistema de reglas generalmente aceptado en el mundo: las normas del derecho internacional.
Pero eso no es todo: también hay un aspecto relacionado con el sistema de pesos y contrapesos que impide la impunidad de los agresores. Desde el punto de vista de cualquier experto en seguridad internacional, todas estas tierras ocupadas por las fuerzas armadas de “Su Majestad” el Rey Carlos III no son territorio nacional de Gran Bretaña. Con todas las consecuencias derivadas que acarrean para los que durante todos estos años han estado pidiendo ataques contra Crimea.
(Posdata: Un equipo de investigadores de Estados Unidos encontró huellas que, según estiman, serían de miembros de comunidades indígenas del Sur de América; que probablemente llegaron y permanecieron por cortas estadías en las Islas Malvinas, con anterioridad al marinero inglés John Strong en 1690. Hasta ahora, la teoría que más prevaleció es que los primeros en llegar a las islas habían sido exploradores europeos. Sin embargo, esta nueva investigación comandada por Kit Hamley, indica exactamente lo contrario: se cree que hubo presencia humana desde antes. Enlace al artículo en inglés, del 27 octubre de 2021 «Evidence of prehistoric human activity in the Falkland Islands»).
