Varias agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), anticipan una pandemia de hambre mundial provocada por el confinamiento durante el COVID-19, a tal punto que el jefe del Programa Mundial de Alimentos dijo que “existe el peligro real de que más personas puedan morir por el impacto económico del COVID-19 que por el virus en sí”.
Se anticipa que al menos 10 millones de latinoamericanos serán agregados a los 3,4 millones que ya sufren de inseguridad alimentaria crónica en la región. Se ven banderas, que se están usando como contraseñas del hambre, fuera de los hogares desde Colombia hasta el Triángulo Norte de América Central.
Pero en el segundo país más pobre del continente, Nicaragua, no ondean las banderas del hambre. Los puestos de los mercados están llenos, los consumidores llegan a comprar y los precios están estables. Las y los campesinos nicaragüenses producen casi todos los alimentos que consume la nación y hay algunos sobrantes para la exportación. Examinaremos cómo es esto posible.
En el lanzamiento del Informe: Políticas sobre las repercusiones de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición (del 9 de junio de 2020), el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, no sólo pidió que se adopten medidas urgentes para hacer frente a esta crisis de hambre, sino también que se aproveche la oportunidad para cambiar a sistemas alimentarios más sostenibles.
Esta transición -desde la dependencia del agronegocio a la soberanía- es algo que las y los campesinos del mundo han estado exigiendo desde que fundaron La Vía Campesina (LVC) en 1993.
La respuesta de La Vía Campesina es la soberanía alimentaria, que se define como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. Prioriza 1) La producción agrícola local para alimentar al pueblo; y 2) El acceso de los campesinos con o sin terrenos, a la tierra, el agua, a las semillas y al crédito. Este enfoque realmente funciona para combatir el hambre, ya que las y los campesinos y pequeños productores producen entre el 70 y el 75 por ciento de los alimentos del mundo en menos de una cuarta parte de las tierras agrícolas del planeta. Cuando el movimiento campesino se asocia con un gobierno progresista, los resultados pueden ser sorprendentes, como en el caso de Nicaragua.
El Movimiento Campesino en Nicaragua
La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) se fundó durante la guerra para derrocar la dictadura de Somoza, que fue apoyada por los Estados Unidos, un año antes de la victoria de la Revolución Popular Sandinista en 1979. La ATC ha seguido representando a estos grupos de trabajadores a lo largo de sus 42 años de historia y fue una de las organizaciones que fundó La Vía Campesina en 1993.
En la década de los ochenta, el gobierno revolucionario de Nicaragua lanzó un programa masivo de reforma agraria, que distribuyó cerca de la mitad de la tierra agrícola del país (más de 2 millones de hectáreas) a 120.000 familias campesinas. Varios otros grupos de campesinos se formaron durante esa primera década de la revolución a medida que el movimiento cooperativista prosperaba, llegando incluso a incluir a las familias de los antiguos combatientes de la contra, los ex adversarios del sandinismo.
Más tarde, durante los gobiernos neoliberales de 1990 a 2006, estos grupos trabajaron para defender las conquistas de la revolución, incluyendo ocupaciones de fincas estatales para evitar que fueran privatizadas. Para el año 2006, e inspirados en la Constitución de 1987 que garantiza la protección contra el hambre, unas 73 organizaciones nicaragüenses se habían unido al Grupo de Interés por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (GISSAN) que abogaba por una Ley de Soberanía Alimentaria. Varios de ellos ayudaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a ser elegido de nuevo para ocupar la presidencia a finales de ese año.
La Soberanía Alimentaria desde 2007
En la etapa actual de gobierno sandinista, que comenzó en 2007, la estrategia de aumentar la soberanía alimentaria mediante el suministro de tierras ha continuado. Entre 2007 y 2019 se entregaron casi 140.000 títulos de propiedad de tierra (algunos procedentes de terrenos distribuidos durante la reforma agraria de los años ochenta) a pequeños productores. Las mujeres se han beneficiado especialmente al recibir títulos de propiedad de sus tierras (55 por ciento) y, además, 304 comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa del Caribe han recibido títulos colectivos. La superficie de todos estos terrenos con títulos asciende a 37.842 Km2, o el 31,16 por ciento del territorio nacional.
Los programas sociales que ayudan a los pequeños agricultores a alimentarse a sí mismos y a sus comunidades han imbuido la vida en el campo con dignidad y han reducido el hambre. Estas iniciativas se inspiran en la visión de Augusto C. Sandino de una economía basada en la agricultura de los campesinos e indígenas organizados en cooperativas o terrenos propios, un componente central del Programa Histórico del FSLN.
La Ley 693 de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, promulgada en 2009, fue una de las primeras en América Latina en reconocer el concepto de soberanía alimentaria y construirlo con el apoyo firme del gobierno. El compromiso del gobierno del FSLN con la soberanía alimentaria ha dado lugar a docenas de programas para mejorar los medios de vida y la autonomía de los campesinos, al tiempo que se fortalecen los sistemas alimentarios locales.
La iniciativa emblemática es el programa “Hambre cero” o “Bono productivo”, que comenzó en 2007 y proporciona cerdos, vacas, gallinas, plantas, semillas y materiales de construcción a las mujeres de las zonas rurales para que diversifiquen su producción, mejoren la dieta familiar y fortalezcan las economías de los hogares encabezados por mujeres. Para 2016, el programa había beneficiado a 150.000 familias o 1 millón de personas, aumentando tanto la seguridad alimentaria de esas familias como la soberanía alimentaria de la nación.
Además, el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y las alcaldías organizan ferias campesinas para mejorar los ingresos de los campesinos y, al mismo tiempo, poner a disposición de los consumidores alimentos nutritivos y de producción local, que se producen sin agrotóxicos.
El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) trabaja en el mejoramiento y mantenimiento del material genético del país mediante la organización de bancos comunitarios de semillas y el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) ofrece títulos técnicos gratuitos en agricultura, ganadería, procesamiento para valor agregado y apicultura, entre otros. Un nuevo programa llamado “NICAVIDA” llegará a 30.000 familias rurales con herramientas, cercas, tanques de agua, gallinas y otros materiales para mejorar la dieta familiar y la economía de los hogares en las zonas del Corredor Seco que están particularmente afectadas por el cambio climático.
Un programa de lucha contra la pobreza y el hambre dirigido a los residentes urbanos es el de “Usura cero”, que forma parte del ecosistema alimentario nacional, ya que sirve a muchos que trabajan en los mercados populares. Este programa, administrado por el MEFFCA, otorga préstamos a bajo interés y donaciones a los pequeños empresarios (principalmente mujeres) y ofrece capacitación gratuita en materia de emprendimiento, financiada en parte por Venezuela y otros países del ALBA. Más de 800.000 mujeres se han beneficiado del programa desde 2007, un componente fundamental del éxito de la economía popular (trabajadores de cuenta propia, campesinos, empresas familiares y cooperativas), que representa más del 70 por ciento del empleo en el país.
Las iniciativas de esta segunda fase de la Revolución Sandinista se complentan con el trabajo de base de los movimientos sociales. La ATC y La Vía Campesina han establecido un campus del Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) en Nicaragua para las y los jóvenes de Nicaragua y toda la región de Mesoamérica y el Caribe.
En todo el país, la ATC y otras organizaciones campesinas han venido organizando talleres locales para capacitar a promotores agroecológicos; apoyar a las cooperativas de mujeres en la comercialización de sus productos agrícolas; formalizar los títulos de propiedad de las tierras de las y los campesinos; preparar biofertilizantes y abonos orgánicos en las fincas, etc. Todo esto apoya la construcción de la soberanía alimentaria.
Resultados del hambre en Nicaragua y en Centroamérica
Todo indica que estos programas han producido una población mejor alimentada en Nicaragua. En su Plan Estratégico 2019-2023, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dijo que “en la última década (…) Nicaragua es uno de los países que más ha reducido el hambre en la región”. Mientras, el gobierno informa que la desnutrición infantil crónica bajó de 21,7 por ciento en 2006 a 11,1 por ciento en 2019 para los niños menores de 5 años.
Nicaragua fue también uno de los primeros países en alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 1 de reducir la desnutrición a la mitad, bajando esa cifra de 2,3 millones en 1990-1992 a 1 millón en 2014-2016. Esto sitúa al país entre las naciones de la región que más han reducido el hambre en los 25 años anteriores. También se eliminó la deficiencia de vitamina A en niños menores de 5 años.
Los avances de Nicaragua se reflejan en el “Mapa del hambre” de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Lamentablemente, ese mapa muestra que los países vecinos Honduras y El Salvador no alcanzaron el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la reducción del hambre, y que Guatemala ni siquiera avanzó.
Este estancamiento puede estar relacionado con el hecho de que las exportaciones de los Estados Unidos a los países del Triángulo Norte aumentaron sustancialmente desde la firma del Tratado de Libre Comercio de la República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR). Estos tres países importaron alrededor de 5.900 millones de dólares de productos agrícolas en 2016, incluidos frijoles y productos lácteos de Nicaragua, además de maíz, harina de soja, trigo, aves de corral, arroz y alimentos procesados desde los EEUU. Las importaciones de muchas de estas categorías de alimentos de los EEUU aumentaron en un 100% o más entre 2006 y 2016, llegando a constituir el 40 por ciento de las importaciones de comida de esos países.
Lamentablemente, los precios de los alimentos en esos países están aumentando precisamente cuando la gente tiene menos ingresos para comprar alimentos debido a las cuarentenas por COVID-19 en sus países y en EEUU.
La soberanía alimentaria y la pandemia en Nicaragua
El noventa por ciento de los alimentos que se consumen en Nicaragua se producen dentro de las fronteras nacionales, el 80 por ciento por campesinos. La autosuficiencia alimentaria va creciendo precisamente cuando otros países en desarrollo se han vuelto más dependientes de la comida importada, porque se han convertido en agroexportadores de unos pocos cultivos (por ejemplo, piña o banana). El arroz es el único componente de la dieta básica nicaragüense que no es completamente producido en casa, pero incluso este producto ha pasado de satisfacer el 45 por ciento de la demanda del país en 2007 al 75 por ciento en la actualidad.
En el contexto de la pandemia, tanto el gobierno como las organizaciones de los movimientos sociales están decididos a llevar la soberanía alimentaria al siguiente nivel. Por ejemplo, el gobierno acaba de poner en marcha un Plan Nacional de Producción centrado en el aumento de la producción de granos básicos para cubrir todas las necesidades alimentarias internas, y también garantizar la producción de cultivos para la exportación. Las existencias de alimentos están a niveles normales y los precios estables. La producción ha continuado normalmente ya que no ha habido una cuarentena que detenga la economía y la mayor parte de alimentos se producen en pequeñas unidades familiares.
Mientras tanto, La Vía Campesina está poniendo en marcha el “Corredor agroecológico”, un proceso de territorialización de la agroecología basado en los intercambios entre campesinos como respuesta a las amenazas que plantea el cambio climático.
Dado que la formación de los jóvenes también debe continuar, los cursos del Instituto Agroecológico Latinoamericano de la Vía Campesina se están llevando a cabo a través de Internet. Mientras, el campus del Instituto pone en práctica un plan completo de producción de alimentos que incluye granos, tubérculos y animales. La Vía Campesina también ha lanzado una campaña de emergencia llamada “Volver al campo”, que se adoptará no sólo en Nicaragua, sino a nivel internacional.
Otros desafíos para Nicaragua durante la pandemia
COHA (Council of Hemispheric Affairs) ya informó sobre la sólida respuesta del gobierno nicaragüense al COVID-19 en el ámbito de la salud, en medio de una vigorosa campaña de desinformación emprendida contra la población y el gobierno en lo que claramente parece ser una operación de cambio de régimen financiada por EEUU.
Ese esfuerzo de cambio de régimen está sin duda parcialmente inspirado en la política de soberanía alimentaria de Nicaragua, que amenaza el dominio del agronegocio corporativo estadounidense en todo el mundo. Por ejemplo, la USAID (Agencia estadounidense de Desarrollo Internacional) ha inundado los sistemas alimentarios con semillas transgénicas de Monsanto (ahora Bayer) en países que van desde la India e Iraq, hasta varios países de África y América Latina. Este enfoque podría verse socavado si más países en desarrollo deciden producir sus propios alimentos mediante prácticas agroecológicas, como hace Nicaragua.
La USAID fue uno de los organismos que financió a los grupos de oposición que participaron en un violento intento de golpe de Estado en Nicaragua en 2018, tal como queda documentado en el libro Nicaragua 2018: ¿Levantamiento popular o golpe de estado? No es de extrañar, pues, que el representante de Cargill en Nicaragua y jefe de la Cámara de Comercio EEUU-Nicaragua fuera una de los líderes de la oposición durante el intento de golpe de Estado. Si bien Nicaragua no tiene ni el petróleo ni los minerales que llaman la atención internacional sobre Venezuela y Bolivia, la agroindustria es enormemente rentable y los campesinos nicaragüenses están dando un poderoso ejemplo al rechazarla, a la vez que alimentan a su pueblo.
Combatir una campaña de desinformación mientras el país se enfrenta a la misma pandemia que ha abrumado a países mucho más ricos, será sin duda un reto para Nicaragua, sobre todo porque las medidas coercitivas unilaterales impuestas ilegalmente por los EEUU bloquean el acceso a los fondos de ayuda. Pero al menos el pueblo nicaragüense tiene el consuelo de saber que no va a haber muertes por hambre. De hecho, el sistema alimentario ha resistido recientemente una prueba formidable durante el intento de golpe de Estado de 2018, cuando unos violentos controles de carretera mantuvieron bloqueadas todas las vías y carreteras del país. Gracias a los sistemas locales de producción y distribución de alimentos, y el empeño ingenioso de sortear los “tranques”, las personas que utilizaban la economía popular todavía podían obtener alimentos y a precios relativamente estables, aunque las cadenas de supermercados propiedad de Walmart tenían estantes vacíos.
Esa actitud, junto con el compromiso para con la agroecología y la soberanía alimentaria, es lo que tiene preocupados a Monsanto/Bayer, Cargill y sus guardianes en la USAID.
