Managua. Prensa Asamblea Nacional
El Plenario de la Asamblea Nacional remitió este jueves a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, la iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero, para reforzar y consolidar la organización y facultades de esta entidad, encargada de proteger la seguridad nacional, la paz jurídica y la integridad del sistema financiero nacional.
En la exposición de motivos, la iniciativa de reforma enviada por el Presidente de la República, deja claramente establecido los aspectos sobre la inscripción y cancelación; infracciones, medidas correctivas, tipos de sanciones administrativas de los sujetos obligados.
“En sí, las reformas están enfocadas para superar las brechas susceptibles de mejoras, identificadas durante los procesos permanentes de evaluación a los cuales se encuentra sujeto el país por parte de los organismos internacionales reguladores de la materia e integrar los cambios en los estándares internacionales”, expresa la iniciativa de modificación.
También se remitió a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley No.977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que tiene el objetivo de reforzar algunos aspectos de las funciones propias del Consejo Nacional Anti-Lavado de Activos, así como continuar perfeccionando las actividades de intercambio de información mediante la cooperación internacional, vía asistencia legal mutua.
La modificación redistribuye la supervisión de los Sujetos Obligados y asigna reguladores prudenciales para los sectores que carecen de ellos. De la misma manera mandata a los supervisores a establecer normas para obtener la información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales.
“Las reformas en general están destinadas a integrar los cambios en los estándares internacionales, así como a superar las brechas susceptibles de mejoras, identificadas durante los procesos permanentes de evaluación a los cuales se encuentra sujeto el país por parte de los organismos internacionales reguladores de la materia”, detalla la iniciativa.
Igualmente, se remitió a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 641, Código Penal, propuesta por el Presidente de la República, para fortalecer la labor de las instituciones encargadas del enfrentamiento a la criminalidad organizada transnacional que amenazan la seguridad y la transparencia de los sistemas financieros nacionales e internacionales.
La modificación recoge los enunciados de las Convenciones y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua para enfrentar delitos como la sustracción de bienes y dinero en la modalidad conocida como carterismo, la estafa piramidal, el estelionato, así como los ciberdelitos y el uso de criptomonedas para la facilitación y encubrimiento del lavado de bienes y activos.
Establece también el principio de universalidad. Es decir, las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nacionales o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional alguno de los siguientes delitos: lavado de activos, terrorismo, financiamiento del terrorismo, tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico internacional de vehículos, delitos contra la administración pública, ciberdelitos, tráfico de armas y municiones, entre otros delitos.