Nicaragua salió este viernes de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), mientras que la República Democrática del Congo (RDC), Tanzania y Mozambique pasaron a formar parte de ese grupo de jurisdicciones bajo supervisión especial por sus deficiencias.
Al término de una sesión plenaria de dos días celebrada en París, el presidente del GAFI, Raja Kumar, destacó que Nicaragua “ha dado pasos” para corregir los supuestos fallos que se habían detectado y para cumplir con el plan de acción que se le fijó en febrero de 2020.
El Gafi informó a través de un comunicado, “acoge con satisfacción el progreso significativo de Nicaragua en la mejora de su régimen ALD/CFT y señala que Nicaragua ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con los compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el Gafi había identificado en junio de 2011”.
El organismo internacional agregó que Nicaragua ya no es sujeto a un proceso de seguimiento del Gafi bajo su proceso de cumplimiento en curso global de AML/CFT, sin embargo, resaltó que este país continuará su trabajo con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para hacer frente a algunas deficiencias detectadas en su informe de evaluación mutua.
La otra cara de la moneda son la RDC, Tanzania y Mozambique, que pasan a formar parte de las 22 jurisdicciones de esa lista gris que, según la definición oficial, “están trabajando activamente con el GAFI para corregir las deficiencias estratégicas” en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En esa lista también están Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordania, Mali, Marruecos, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Turquía, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos.
Kumar lanzó una advertencia a Panamá porque, aunque ha habido avances en lo que se refiere al dispositivo contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, en particular con sanciones “efectivas, proporcionadas y disuasorias”, no ha cumplido con varias medidas de su plan de acción, para el que se le había dado de plazo hasta enero de 2021.
En la práctica, se le ha dado un ultimátum para que de aquí a febrero de 2023 complete ese plan de acción.
En caso contrario, se evaluará la conveniencia de que los miembros del GAFI y el resto de jurisdicciones refuercen la supervisión, con lo que eso supone de restricción de las relaciones de negocio y las transacciones con Panamá.
