El Presidente Daniel Ortega
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala la transparencia que existe ente los funcionarios del Gobierno Sandinista y la satisfacción que existe entre los nicaragüenses con los servicios públicos, la confianza en la administración de justicia y el respeto al estado de derecho.
De acuerdo con el documento “Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2020”, Nicaragua no está incluida entre las naciones donde se pagan sobornos a los funcionarios públicos.
También es evidente el avance que se ha tenido desde el 2007 hasta la fecha en cuanto a la atención médica, la enseñanza en los distintos niveles, en los tribunales y las políticas implementadas para tener acceso a la información pública.
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Nuestro país ocupa la tercera posición en cuanto a la satisfacción de la población con la atención en los servicios de salud.
Señala que en los países en general, la confianza en el Poder Judicial es baja, pero entre 2007 y 2017, en las naciones de América Latina y el Caribe aumentó de 31% a 34% en promedio.
El documento también se refiere a la confianza que existe en la gobernanza pública y en particular, la integridad. En este sentido manifiesta que la confianza es uno de los fundamentos más importantes sobre los cuales se construye la legitimidad y la sostenibilidad de un sistema democrático.
Sobre la satisfacción de los nicaragüenses sobre atención al tema de la educación en los distintos niveles, Nicaragua se encuentra en el octavo lugar entre las naciones de América Latina y el Caribe, superando a México, Argentina, Panamá, Colombia, entre otros.
El informe del BID dice que hasta 2019, Nicaragua tiene (55,6%) en cuanto a la paridad de género en puestos ministeriales superando a Colombia (52,9%) y los ticos que tienen (51,9%).
En el otro extremo del espectro, en Belice no hay ministras. Muchos países de ALC han aumentado sustancialmente la proporción de ministras entre 2012 y 2019, como en Uruguay, Costa Rica, El Salvador, México y Colombia. En otros países, la representación de mujeres en puestos ministeriales disminuyó sustancialmente, a saber, Bolivia (31 p.p.), Brasil y Ecuador (18 p.p. cada uno).
Confianza en gobiernos
El gobierno nicaragüense es uno de los más confiables manifiesta el documento del BID. Este organismo considera que la confianza es uno de los fundamentos más importantes sobre los cuales se construye la legitimidad y la sostenibilidad del sistema político y es clave para garantizar el cumplimiento con las regulaciones y con el sistema tributario. La confianza en el gobierno es esencial para la cohesión social y el bienestar, ya que afecta la capacidad del gobierno para implementar reformas. En consecuencia, es necesaria para el funcionamiento justo y efectivo de las instituciones públicas.
Sobre el tema de la corrupción, el BID considera que es un fenómeno que no se limita a los países de América Latina y el Caribe, y que los logros de los gobiernos en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y otras áreas han sido eclipsados en la región por casos de corrupción de alto perfil y acusaciones, los cuales generan resultados socioeconómicos negativos y un descontento generalizado.
El informe también aborda los sistemas de contrataciones públicas electrónicas que se han sido integradas con otras tecnologías de gobierno electrónico en la mitad de los países de América Latina y el Caribe.
Respeto al estado de derecho
Nicaragua también se encuentra entre los países donde más respeta el estado de derecho. El BID recuerda que a partir de la década de 1980, la región de América Latina y el Caribe, experimentó una larga y profunda ola de democratización. Desde entonces, consolidar y fortalecer los valores democráticos ha sido uno de los principales desafíos para la región con diversos grados de éxito en los diferentes países.
El estado de derecho o imperio de la ley se refiere a la idea de que las mismas reglas, procedimientos y principios se aplican a todas las personas y organizaciones, incluido al propio gobierno. En la práctica, el concepto está consagrado en leyes, códigos y procedimientos que garantizan un trato justo por parte de las instituciones y un acceso igualitario a la justicia. A su vez, su aplicación se basa en la previsibilidad, confiabilidad y rendición de cuentas esperadas del sistema jurídico.
En sí mismo, el estado de derecho es un concepto multidimensional que abarca diversos elementos como los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, la ausencia de corrupción y el gobierno abierto. La mayoría de estos elementos también se reconocen como componentes clave de la buena gobernanza, cruciales para mantener la paz y el orden, lograr el desarrollo económico y garantizar la provisión efectiva de bienes y servicios públicos.