Santiago. Por Hugo Guzmán, El Siglo, Chile
En Chile muchos se vanagloriaban de que era un país ejemplo de probidad, transparencia, civilidad, donde la corrupción no llegada al Congreso, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a los empresarios y menos a conspicuos profesionales como los abogados. Se miraba con desprecio hacia fuera de las fronteras y se hablaba de “países bananeros”, muy alejados de que lo era este país tan civilizado.
Sin embargo, hechos objetivos y sensibles demostraron en los años y en los meses recientes que las cosas no eran/son así. Hay un entramado enrarecido que se va desnudando día a día, paso a paso, donde la gente se somete a sorpresas, incertidumbres, desconfianzas y donde casi siempre, en medio de todo, está una élite manejando los hilos del poder, del dinero, de la política y hasta de las instituciones del Estado. Con personajes oscuros –enriquecidos, por cierto– y que llegan a puestos públicos gracias a una maraña privada y cuoteos políticos.
Los reportes de prensa y los datos informativos a la mano conforman un entramado enrarecido respecto al funcionamiento de entidades claves en el país. Un entramado que a la gente le genera dudas y desconfianzas.
El episodio más reciente, y quizá no el último, es el Caso Hermosilla donde se comprobó la comisión de delitos por parte del jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, y otras situaciones irregulares y sospechosas que muestran cómo actúa la élite de este país.
Notas de la redacción sobre el Caso Hermosilla
El ahora ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, le habría entregado información a Luis Hermosilla, un abogado ultraderechista muy influyente en los círculos del poder chileno, a cambio de mucho dinero según se supo por un audio donde se revelaba el supuesto pago de coimas. La compraventa de información confidencial se refiere a una trama de corrupción que involucra a Héctor Espinosa, el antiguo jefe de la propia PDI, pues Hermosilla es su abogado defensor, en una causa por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento y lavado de dinero.
A mediados de marzo pasado, la casa y oficina de Muñoz, fueron allanadas por orden de la Fiscalía Oriente, que lo acusó por diversos delitos. En menos de 12 horas se desencadenó su renuncia, que fue aceptada por el presidente Gabriel Boric. Mientras, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el organismo que defiende a Chile ante los tribunales, se querelló contra Muñoz.
El exjefe de la PDI asumió en junio de 2021, nombrado por el entonces presidente Sebastián Piñera. Muñoz llegó en reemplazo de Héctor Espinosa. Lo hizo en medio de la polémica por la investigación que se abrió contra Espinosa por el delito de fraude al Fisco, relacionado al uso de gastos reservados, donde se indaga lavado de dinero.
Graduado de la Academia Superior de Estudios Policiales y diplomado en Alta Dirección Pública, Muñoz en sus 36 años de carrera trabajó en diferentes áreas de la institución: jefe de una brigada, prefecto provincial en dos zonas, director de la policía en dos regiones y, ascendido a prefecto general, subdirector de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria.
Los datos obtenidos en el teléfono del abogado Hermosilla muestran que Muños le entregó información respecto de la causa contra su antecesor.
En 1985, Hermosilla fue abogado querellante de la familia de uno de los militantes comunistas asesinados en la dictadura de Pinochet (1973-1990). Entonces, era parte de la Vicaría de la Solidaridad, un organismo de defensa de los derechos humanos adscrita al arzobispado de Santiago.
En 1991 asumió la representación de la madre y la hermana del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, partido de la derecha tradicional, quien fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la Universidad Católica, donde impartía clases. Guzmán fue el principal impulsor de la Constitución de 1980 de Pinochet.
Hermosilla es muy cercano a Andrés Chadwick, exministro del Interior del Gobierno del presidente Sebastián Piñera. Fue asesor de esa cartera en casos penales complejos. Entre ellos, querellante en el asesinato en 2013 del matrimonio Luchsinger Mackay, quienes fueron quemados vivos en su casa en la macrozona sur, y en el homicidio en 2018 del comunero mapuche Camilo Catrillanca, por el que hay siete carabineros condenados.
En 2003 asumió la defensa del empresario Claudio Spiniak, condenado por abusos sexuales, y en 2014 la del sacerdote John O’Reilly, sentenciado por el mismo delito.
En 2019 representó a Chadwich, su excompañero de Derecho y, como él, exalumno de Jaime Guzmán, en la acusación constitucional que presentó en su contra la oposición cuando era ministro del Interior de Piñera. Tras la filtración del audio en noviembre, uno de los clientes de Hermosilla renunció a ser representado por él en el marco del caso Convenios: el jefe se asesores del presidente de izquierdas Gabriel Boric, Miguel Crispi.
Élite corrupta
Un país donde el Fiscal Nacional fue asesor parlamentario del extremista Partido Renovación Nacional (RN) y el presidente del Servicio Electoral (Servel) se desempeñó como “experto electoral” de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), ambos elegidos dentro del cuoteo político del Senado.
Un país donde los últimos comandantes en jefe del Ejército, los últimos tres generales directores de Carabineros y los dos últimos directores de la PDI fueron procesados judicialmente.
La ciudadanía tiene en la retina los amplios casos de colusión, cohecho, financiamiento ilegal de la política, y sobornos, protagonizados por directivos de grandes empresas y consorcios financieros, sin que se conozca a algún condenado y sólo sanciones como “clases de ética”. Hay muchas situaciones/ejemplos que muestran cómo actúa y seguramente seguirá actuando la élite política, judicial, empresarial, policial y militar en el país.
A raíz de las inquietudes sobre el método de nombramiento de jueces, la Corte Suprema emitió un comunicado donde apuntó que “el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad”. Es probable que esos “espacios de opacidad” estén presentes en otras entidades del Estado, del mundo privado, empresarial, financiero y policial-militar.
El actual Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, fue asesor del comité parlamentario del derechista partido Renovación Nacional (RN). Asesor directo del senador de RN, Alberto Espina (exministro de Defensa del Gobierno de Sebastián Piñera), laboró con él en su estudio de abogados. Estuvo vinculado a procesos judiciales de las municipalidades de Vitacura, Lo Barnechea y Ñuñoa, por casos de irregularidades y corrupción, en tiempos que esas entidades estaban bajo la jefatura de militantes de la derecha.
Una foto en una mesa con botellas de vino y restos de una cena, junto al exministro del Interior y “coronel” de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Andrés Chadwick, muestra episódicamente las relaciones de Valencia con grupos de la élite de la derecha orgánica chilena. Los datos en esa línea son muchos. “Existe el temor de que a futuro pueda beneficiar a personas de ese sector político en casos vinculados a hechos de corrupción”, declaró el abogado Mauricio Daza a Radio Universidad de Chile.
Algunas suspicacias volvieron a saltar cuando recientemente la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, habló de una posible red de corrupción a partir del Caso Hermosilla y el fiscal Valencia saltó a emplazarla, cuestionándola y metiéndose en un debate político.
La designación de Ángel Valencia no estuvo ajena a polémicas y desconfianzas, y de hecho fue una carta del actual Gobierno después del rechazo de otros postulantes. La derecha, principalmente RN y la UDI, lograron los votos en el Senado a favor de Valencia e incidió que el Gobierno ya estaba obligado a que saliera un nombramiento.
Son situaciones que pueden sonar enrarecidas, tratándose del Fiscal Nacional que tiene la responsabilidad de “ejecutar los actos de investigación que correspondan” en diversos casos y “no solo indaga las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado”. En sus manos debería estar una gestión desprovista de intereses que no sea la impartición de justicia.
Pero ahí está su currículum con sus nexos y simpatías en la élite política conservadora, lo que nunca terminó de convencer a muchos sobre la designación de Valencia como Fiscal Nacional.
Andrés Tagle Domínguez es el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) de Chile, el organismo que debe velar por la transparencia y adecuado desarrollo de las elecciones en el país.
Resulta que Tagle fue miembro de la Comisión Política de la UDI y dentro de sus relevantes funciones en el partido estuvo ser parte del equipo electoral de esa colectividad. Fue “experto electoral de la UDI” de acuerdo a lo reportado por medios de prensa. Además, fue asesor en materias electorales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el Gobierno de Piñera. Llegó a la presidencia del Servel en el segundo Gobierno de Piñera, apoyado por la mayoría del Senado que operó bajo la lógica del cuoteo político binominal.
Este ingeniero comercial de la Universidad Católica fue director de la Corporación del Cobre (Codelco), director y asesor de empresas y corporaciones financieras, y vicepresidente de la Asociación de Instituciones de Salud Previsional (Isapres). Un hombre ligado directamente a las élites políticas y financieras del país, a cargo del Servicio Electoral.
El Caso Hermosilla impactó en la ciudadanía donde, entre otras cosas, se constató que en el país funciona una élite política y financiera que maneja los hilos del poder y que constituye los poderes fácticos de control. Se dice que eso se sabía. Esto sería una comprobación, sin que se pueda desechar que haya otros Luis Hermosilla en funciones.
Es una investigación en desarrollo y con presumibles nuevas y malas noticias que puedan salir del aparato celular del “abogado de la plaza”, donde aparecieron nombres y mensajes ligados a hechos irregulares. Una madeja de contactos para manejar/desvirtuar casos judiciales, intervenir en acciones de organismos del Estado, influir en decisiones de nombramientos de jueces, recibir de manera ilegal informes reservados de la policía.
Hasta el momento, en lo dado a conocer de los mensajes, aparecen mencionados el expresidente Sebastián Piñera (Hermosilla dijo ser su abogado), el exministro del Interior Andrés Chadwick, el exintendente Felipe Guevara, el exalcalde Raúl Torrealba, unos jueces, y causas judiciales relacionadas con casos como la compraventa de Dominga y el Casino Enjoy. Lo más sensible hasta ahora es la revelación de que el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, le entregaba información reservada a Hermosilla.
Antes de eso, el “abogado de la plaza” estuvo involucrado en la filtración de un audio donde se pudo escuchar una conversación de él con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, donde entre otras cosas se habló de sobornos y pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero y otras tratativas irregulares. Más de 50 empresarios y personas de la élite fueron mencionadas en ese audio.
Hermosilla, hasta la fecha, está libre, ni siquiera requerido por tráfico de influencias o manejo ilegal de información policial y –según reportes de prensa– circula entre su residencia en Santiago y su casa en la playa. Lo conocido de los contenidos del celular del abogado y del audio de aquella conversación, más allá de la arista judicial y política, es un ejemplo elocuente de cómo funciona la élite en este país con la ciudadanía de espectadora, muchas veces sin saber qué pasa realmente con los hilos del poder en Chile.
Es común que los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, finalizado su período en el cargo, después de manejar información estratégica sobre el país, no se limiten a vivir de su pensión y resguardos institucionales, sino que se incorporen a directorios de consorcios privados, den entrevistas de prensa sobre materias de seguridad y políticas, ejerzan cargos que tienen origen en vínculos políticos y se conviertan en candidatos de organizaciones políticas, hasta ahora siempre de partidos de derecha. No hay restricciones de tiempos ni espacios para quienes tuvieron posiciones sensibles y de alta responsabilidad en Defensa y seguridad nacional.
El exjefe de la Fuerza Aérea, Ricardo Ortega Perrier, fue electo consejero constitucional representando al ultraderechista Partido Republicano.
Antes, el excomandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, fue miembro de la Convención Constitucional en representación de la UDI; también fue senador por ese partido.
Oscar Izurieta, quien fuera jefe del Ejército, fue subsecretario de Defensa del Presidente Sebastián Piñera.
Las cosas llegan a ser tan extrañas, que un excomandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, ejerció como presidente del Servicio Electoral, promovido por Piñera y con la aprobación de diversos partidos políticos.
Varios antiguos jefes de las FFAA y de Carabineros han sido candidatos presentados por colectividades de derecha y han llegado al Congreso, sin olvidar la figura de “senadores designados” que existió al inicio del período posdictatorial.
De los siete excomandantes en jefe del Ejército en el período posdictatorial, seis han sido procesados judicialmente por delitos financieros, corrupción y violación a los derechos humanos.
Los tres últimos generales directores de Carabineros fueron investigados y/o procesados por irregularidades, delitos financieros, fraudes y violaciones a los derechos humanos.
El actual jefe de la policía uniformada está con una formalización por incumplimiento de sus deberes ante casos de apremios ilegítimos a ciudadanos manos de uniformados.
En los episodios anómalos que suelen ocurrir en Chile, dirigentes políticos y legisladores de la derecha fueron a la oficina institucional de ese general, a darle un respaldo político y él posó junto a ellos para la prensa, en una operación mediática insospechada para una alta autoridad policial, no deliberativa.
Los dos últimos directores generales de la Policía de Investigaciones (PDI) están procesados por malversación de fondos, falsificación de documentos públicos, lavado de dinero, filtración de antecedentes de causas reservadas y lavado de activos.
Habría que recordar a oficiales y funcionarios de Carabineros indagados y procesados por montajes, testimonios falsos, irregularidades, abuso, no cumplimiento de protocolos y violaciones a los derechos humanos. Está en la retina de los chilenos los casos “Pacogate” y “Milicogate”, donde oficiales, suboficiales y funcionarios de Carabineros y del Ejército realizaron operaciones financieras fraudulentas a costa de dineros del Fisco, por montos multimillonarios.
En Chile, grandes empresarios y jefes de grupos financieros procesados judicialmente por distintas causas de corrupción, irregularidades, financiamiento ilegal de campañas políticas, entre otras, continúan en sus cargos e incluso sus compañías, como en el caso de Soquimich, son parte de acuerdos estratégicos con el Estado.
No se conoce, a la fecha, ninguno de esos grandes empresarios y financistas cumpliendo condena, salvo la resolución judicial de concurrir a “clases de ética”, como fue el caso de Carlos “El Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, procesados en el caso Penta por emisión de facturas y boletas “ideológicamente falsas” para el financiamiento ilegal del partido UDI.
Son decenas las grandes empresas y sus directivos inmiscuidos en casos de sobornos, cohecho, fraude y colusión.
En la arista dramática, suele colocarse el ejemplo de ciudadanos condenados a largas penas de cárcel por delitos menores, y se recuerda la muerte de 81 reclusos en un incendio en la Cárcel de San Miguel, algunos de ellos presos por vender mercadería en vía pública, uno de los episodios que suelen traerse a la memoria cuando se habla de la discriminación ante la justicia entre la elite y el pueblo.
Hay muchas situaciones/ejemplos que muestran cómo actúa y seguramente seguirá actuando la elite política, judicial, empresarial, policial y militar en el país, en una especie del lado oscuro de la Luna, sin que la ciudadanía sepa realmente qué pasa, salvo que se filtre un audio y se llegue casualmente a un celular, con la sombra del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción financiera encima.
A raíz de las sospechas por la forma en que se designan a los jueces, producto de información conocida en el Caso Hermosilla, la Corte Suprema emitió un comunicado donde apuntó que “el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad”. Es probable que esos “espacios de opacidad” estén presentes en otras entidades del Estado, del mundo privado, empresarial, financiero y policial-militar.
