Managua. Radio La Primerísima
La Asamblea Nacional remitió este lunes a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto la iniciativa de Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero, para su consulta y dictamen.
La diputada Raquel Dixon, primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, explicó que la iniciativa de ley tiene como objetivo establecer el régimen regulatorio de la administración del sistema monetario y financiero de Nicaragua.
Indicó que entre los principales elementos de esta iniciativa están; incorporar en un solo cuerpo legal las regulaciones que rigen al Banco Central de Nicaragua y a la Superintendencia de Bancos, manteniendo cada una de ellas su autonomía orgánica, funcional, administrativa, financiera y presupuestaria, para el cumplimiento de la ley y leyes relacionadas.
Igualmente, incorporar en un solo órgano de dirección, denominado el Consejo Directivo Monetario y Financiero, los órganos máximos de dirección del Banco Central y de la Superintendencia.
Establecer disposiciones comunes aplicables al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, su administración y su personal, así como en materia de transparencia, sigilo, control interno y externo, entre otros.
Introducir nuevos instrumentos y regulaciones para facilitar liquidez, atender emergencias y situaciones excepcionales, que aseguren la continuidad de la intermediación financiera y de los pagos.
Incorporar líneas de prestamos y facilidades de financiamiento durante situaciones excepcionales y de emergencia a instituciones financieras y al Gobierno.
Regular los sistemas de pagos, los medios de pagos y medios electrónicos de pagos, definiendo los participantes y las tarifas máximas aplicables, así como el desarrollo de los sistemas de pago del Banco Central, incluyendo la creación de la Intendencia de Resolución.
Incorporar la supervisión consolidada de grupos financieros extrarregionales, para que los basados en el país sean regulados por la Superintendencia y no en el exterior.
Introducir la regulación de instituciones sistémicas, la regulación basada en riesgos, las pruebas de estrés, los planes de recuperación y de resolución, incluyendo la creación de la Intendencia de Resolución.
Finalmente, actualizar las regulaciones sobre sanciones y multas por incumplimiento de ley aplicables a las personas e instituciones reguladas.
