La Asamblea Nacional ratificó este martes que las comunidades indígenas tienen derechos a vivir y desarrollarse bajo la forma de su administración político-administrativa, en correspondencia a sus tradiciones históricas, garantizando sus normas y cultura.
Durante la sesión plenaria, se reformaron los artículos 10 y 11 de la Constitución Política, que contienen y establecen la “División Política Administrativa” y dispone que la Constitución Política es la norma fundamental de la República de Nicaragua.
Se garantiza a las comunidades de la Costa Caribe el usufructo de sus recursos naturales, el respeto a su forma propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes
Estas reformas, aseguran que las autoridades municipales representen fielmente la voluntad del pueblo y se mantengan comprometidas con la Revolución. También se patentiza el principio de igualdad y equidad de género en el ejercicio del poder local a través de la elección del binomio alcalde, alcaldesa, vicealcalde, vicealcaldesa
Asimismo, se garantiza el respeto a las tradiciones y costumbres ancestrales de los habitantes de la Costa Caribe y de los pueblos indígenas, reafirmando las políticas de equidad, igualdad y multiculturalidad, que promueve el gobierno.
Las reformas también incluyen la discusión y aprobación del artículo décimo primero que reafirma la supremacía de la Constitución como la norma fundamental de la República; las demás leyes, subordinadas a ella.
Expresa que, no tendrán valor alguno las leyes, instrumentos internacionales, decretos, reglamentos, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.
Ningún órgano, instancia, funcionario del Estado tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que confiere la Constitución Política.
Son leyes constitucionales; la Ley Electoral, Ley de Amparo, la Ley de Justicia Constitucional y el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, que se dicte bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua.
El coordinador de la bancada del FSLN, diputado Edwin Castro explicó que la modificación a la Carta Magna es el resultado de un acuerdo social para profundizar la democracia y derechos soberanos.
“Aquí estamos sustentando la democracia directa, reafirmando nuestra soberanía, esta Constitución determina como norma soberana que ninguno de nosotros como funcionarios públicos, ni ningún órgano o institución pueda tener más autoridad, facultad y jurisdicción de lo que le otorga esta Constitución”, explicó.
