Managua. Danielka Ruíz, Radio La Primerísima
La Asamblea Nacional reformó este miércoles el Artículo Séptimo de la Constitución Política, relacionado con el tema de la economía y las finanzas públicas.
Se elevó a política de Estado la promoción de la Economía Creativa como pilar fundamental para el desarrollo sostenible de la nación, a través del impulso de la innovación tecnológica, el emprendimiento, el talento local y el patrimonio cultural.
Se reafirmaron los derechos inalienables de las familias al acceso a medicamentos, materiales escolares y servicios básicos como energía, agua potable, saneamiento, internet y transporte público.
Los diputados reformaron los artículos 98 al 105 del Capítulo I, así como los artículos 112 al 114 del Capítulo III.
A través de estas reformas, se busca erradicar la pobreza, mejorar las condiciones de vida de las familias nicaragüenses y garantizar el buen vivir, creando condiciones favorables y asegurando las inversiones nacionales y extranjeras, sin comprometer la soberanía nacional.
Durante la sesión plenaria, el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Producción, Economía y Presupuesto, explicó que las reformas van acorde al Plan Nacional de Desarrollo Humano impulsado por el Gobierno Sandinista.
Aseguró que “son una garantía para que las políticas de gobierno sean trasladadas a políticas de Estado, para una seguridad jurídica a los derechos restituidos”.
Durante su intervención, Gutiérrez destacó los alcances y logros del gobierno del 2007 al 2024.
Gutiérrez aseguró que la reforma convierte a Nicaragua en una plataforma más atractiva para las inversiones nacionales y extranjeras. El crecimiento anual del 4% no es suficiente, se necesita alcanzar un 8% para garantizar la calidad de vida, acotó.
Con las reformas, se ratifica que los recursos naturales son patrimonio nacional, estableciendo que su preservación, conservación, desarrollo y explotación son responsabilidad del Estado.
Asimismo, reafirma que el Banco Central de Nicaragua (BCN) es el ente estatal encargado de regular el sistema monetario. El Estado contará con instituciones dedicadas a prevenir y combatir el lavado de dinero, así como los bienes y activos provenientes de actividades ilícitas.
