Los diputados de la Asamblea Nacional introdujeron este lunes en la secretaría de ese poder del estado la iniciativa de “Ley Especial de Ciberdelitos”, que tiene como propósito castigar con penas de 2 a 10 años de cárcel a todas las personas que cometan este tipo de crímenes.
El anteproyecto de ley será abordado en el plenario de la Asamblea Nacional el miércoles 30 de septiembre, según lo estipulado en la página web del Legislativo.
Los diputados establecen que la ley será de orden público con protección a la seguridad soberana del estado y se aplicará a quienes cometan los delitos previstos en la ley, dentro y fuera del territorio nacional.
La iniciativa busca la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en perjuicio de las personas naturales o jurídicas.
Los delitos establecidos en dicha ley son fraude informático, espionaje, violación a la seguridad, violación y hurto de los medios informáticos y manipulación de los mismos, transferencia de información pública reservada, propagación de noticias falsas entre otras.
Además se tipifican los delitos informáticos relacionados con la libertad e integridad sexual, que incluye uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación parta la corrupción de menores de 16 años, discapacitados, acoso sexual y pornografía.
“En ese sentido, la iniciativa de ley, dependiendo del tipo penal, establece penas que van desde 2 hasta 10 años de prisión, las que si hay condiciones agravantes pueden aumentarse hasta un tercio de la pena, a esto se le suman de 200 a 600 días multas”, refiere el documento.
En la iniciativa se incluye la cooperación internacional en materia de extradición y asistencia legal mutua para las personas que estén fuera de Nicaragua y que cometan este tipo de delitos en contra del Estado o cualquier ciudadano nicaragüense.
El anteproyecto de ley faculta a la Policía Nacional y al Ministerio Público a intervenir los sistemas y equipos utilizados en la comisión de estos delitos, así como en los procedimientos de incautación y depósitos de sistemas informáticos.
También faculta a Telcor a emitir una normativa para la preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la ley.
