Las medidas preventivas implementadas por el Gobierno de Costa Rica por el nuevo coronavirus (Covid-19) provocó el cierre masivo de empresas, causando el despido de miles de personas.
Entre los más afectados están las trabajadoras y trabajadores migrantes en situación irregular, en su mayoría nicaragüenses con hijos costarricenses, quienes en muchos casos fueron despedidos sin ninguna garantía laboral, dejándoles en total vulnerabilidad, denuncia la Asociación Enlaces Nicaragüenses-Costa Rica.
Eliezer Rivera es un oficial de la construcción, labora para varios contratistas como enchapador de cerámica, tras las medidas anunciadas por la pandemia, sus hijos costarricenses que dependen de él, ahora pasan necesidades.
“Como no tengo cédula, no puedo trabajar en una empresa. Al empezar la crisis del coronavirus me despidieron de una construcción en Alajuela, y como siempre, los contratistas no te reconocen nada, menos que a un indocumentado lo vayan a asegurar. Tengo tres hijos, todos nacidos en Costa Rica, pero no he podido regularizarme por los altos costos. La idea es hacerlo. Pero tengo la “pega” de que debo viajar a Nicaragua por mis documentos apostillados. Ahora me vine a trabajar de ayudante a Matina en Limón. Algo de comida hay que llevar a la casa”, expresa Rivera.
Según datos oficiales del gobierno costarricense hay entre 100,000 y 150,000 trabajadores migrantes en el empleo informal y que debido a su situación irregular no están en el sistema de seguridad social. La mayoría de ellos son empleados por empresas del sector agrícola, construcción y de servicios. Por el Covid-19 la mayoría de estos trabajadores fueron despedidos sin ninguna garantía laboral, dejándoles en total vulnerabilidad. Las cámaras empresariales de estos sectores no se han pronunciado sobre la responsabilidad que tienen sobre estos trabajadores y trabajadoras, protegidos por las leyes laborales aplicables tanto para nacionales como a extranjeros.
“Hoy más que nunca las empresas deben cumplir con la ley y con su responsabilidad patronal. La pandemia por el coronavirus no exime a empresas y patronos de compromiso y tampoco le quita los derechos a los trabajadores y las trabajadoras migrantes. Por lo tanto, hacemos un llamado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para hacer cumplir el Código del Trabajo”, manifestó Quxabel Cárdenas, coordinadora de la Asociación Enlaces Nicaragüenses-Costa Rica.
Para Enlaces Nicaragüenses-Costa Rica, organización de derechos humanos, las implicaciones del Covid-19 son diferentes para las familias binacionales donde hay gran cantidad de menores costarricenses y que por la condición irregular de sus padres, no pueden acceder a los programas de protección.
El programa gubernamental “Proteger” atiende a los extranjeros residentes que laboran en el empleo formal, quienes deben estar regularizados, sin embargo, se han reportado cientos de casos donde el sistema no acepta la identificación DIMEX.
Estado costarricense debe garantizar estabilidad a familia binacionales
Más de 100 mil costarricenses son hijos de padres y madres nicaragüenses, por lo que miles de familias binacionales afectadas por la crisis del Covid-19 cumplen con el requisito de vínculo con costarricenses que exige la Ley de Migración, por lo que, para Enlaces Nicaragüenses, la actual situación que enfrenta Costa Rica por el COVID-19 es una oportunidad para regularizar a esta población y dar estabilidad emocional y económica a los menores costarricenses que dependen de estas personas y así atender de una vez la situación pendiente de la migración económica nicaragüense que históricamente ha contribuido al desarrollo económico de Costa Rica.
“El Estado cuenta con los recursos del Fondo Social Migratorio costeado por los migrantes en sus trámites ante la dirección General de Migración y Extranjería, y demás fondos similares a su disposición, los cuales pueden utilizarse para atender la emergencia que enfrenta la población migrante y sus familias”, recomienda Quxabel Cárdenas.
