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Nicaragua tiene uno de los índices más bajos de homicidios en América Latina y El Caribe, señala un reciente estudio publicado por InSight Crime.
De acuerdo con esa investigación, nuestro país ocupa el cuarto lugar en la región con 7,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, una tasa solo superada por Ecuador, Argentina y Chile.
Estas últimas naciones tienen el 6.5, 5 y 2.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.
A nivel de Centroamérica, Honduras es la nación con la tasa más alta de homicidios con 41,2, seguido de El Salvador con 36 homicidios por cada 100 mil habitantes; Guatemala presenta 21.5 y Costa Rica 11 homicidios, respectivamente.
Nicaragua supera a países como Perú, República Dominicana, Uruguay, Panamá, Brasil, Puerto Rico, México, Colombia y Jamaica, entre otros.
En su balance anual de los homicidios, InSight Crime analiza las tasas de asesinato en cada país, así como los factores que influyen en dichas tasas.
En el caso de Nicaragua, tras un aumento de la violencia en 2018 por la intentona golpista, los niveles de violencia registrados en 2019 bajaron a los niveles de 2017 y 2016. Los 488 homicidios contabilizados en 2019 representan una tasa de 7,5 por 100.000 habitantes.
Honduras el más violento de Centroamérica
El estudio señala que 2019 fue un año de crisis en Honduras, donde hubo un repunte en los homicidios por primera vez desde 2012, causado en parte por las numerosas masacres cometidas a lo largo del año.
Según cifras oficiales del gobierno, los 3.996 homicidios registrados en 2019 representan un aumento del 7,1 por ciento con respecto a las 3.731 muertes violentas registradas en 2018. La fuerte disminución de los homicidios en los vecinos El Salvador y Guatemala ubica una vez más a Honduras como el país más inseguro de Centroamérica.
Chile: 2,6 por 100.000 habitantes
Con un total de 483 asesinatos registrados en 2019, según datos del gobierno, la tasa de homicidios de Chile de 2.6 lo convierte una vez más en el país más seguro de América Latina.
Sin embargo, el año no fue pacífico para la nación suramericana. En julio, el presidente Sebastián Piñera militarizó las fronteras septentrionales del país con el fin de detener la afluencia de drogas de Perú y Bolivia. A finales de octubre, estallaron protestas en la capital, Santiago, debido al alto costo de vida, la desigualdad extrema y otros factores, lo que llevó a una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad. La declaración de estado de emergencia emitida por Piñera suspendió los derechos de los ciudadanos a la movilización y la protesta, y permitió retomar el control mediante el despliegue del ejército chileno.
Los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes motivaron una investigación de Naciones Unidas sobre posibles violaciones a los derechos humanos. El informe, publicado en noviembre, determinó que la policía “incumplió repetidamente su obligación de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente”. Los investigadores hallaron que al menos cuatro muertes por protestas estuvieron directamente relacionadas con el uso arbitrario de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del Estado.
