Quito. Por Luis Córdova-Alarcón, Web Orden conflicto y violencia
El Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador anunció el 9 de julio que ya está listo para firmar un acuerdo con el Departamento de Defensa de EEUU. Esta es la información que publicó Ecuavisa:
Luego de más de un año de conversaciones, el próximo 20 de julio se firmará en Washington el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos que busca modernizar y mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Luis Lara, viajará al país norteamericano para cerrar el convenio “histórico”. En entrevista con Ecuavisa, el funcionario mencionó que el acuerdo de cooperación tiene cuatro ejes:
– Modernización de las aeronaves, infraestructura y equipos de las Fuerzas Armadas.
– Implementación de ciberseguridad para mejorar los sistemas de inteligencia y contrainteligencia.
– Coordinación de la logística para enfrentar las consecuencias del fenómeno de El Niño.
– Impulso de programas para la sostenibilidad del medio ambiente y lucha contra la minería ilegal.
Lara acotó que el acuerdo implica una inversión de más de 3 100 millones de dólares que se ejecutarán en los próximos siete años. La firma del acuerdo se concretó el pasado 20 de junio, cuando el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Daniel Erikson, se reunió en Quito con el presidente de la República, Guillermo Lasso.
Durante este año de conversaciones, varios funcionarios de alto rango del país norteamericano visitaron Ecuador, entre ellos la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson; el jefe del Buró de la Guardia Nacional de ese país, Daniel R. Hokanson, y varios senadores.
Según la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, desde 2018, cuando el Gobierno de Lenín Moreno robusteció las relaciones diplomáticas con Washington, el entones Gobierno de Donald Trump financió varios programas de asistencia en seguridad y defensa por 140 millones de dólares.
Con el nuevo memorando de entendimiento EEUU se compromete a colaborar con Ecuador de manera sostenida y a largo plazo.
Tres dudas surgen al respecto. ¿Cuál es la política de seguridad y defensa que sustenta tal acuerdo? ¿Por qué se concreta este acuerdo ahora, con un gobierno que tiene los días contados? ¿Qué implicaciones tiene este acuerdo para el próximo gobierno?
Un acuerdo de esta magnitud siempre se enmarca en una Política de Seguridad y Defensa, también conocida como «Estrategia de Seguridad Nacional». Ecuador no cuenta con una. Lo único que se conoce es que la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado elaboró un documento titulado «Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz».
El pasado 3 de octubre, el Presidente Lasso mostró la carátula del documento en una entrevista televisiva, pero no hizo público su contenido. Solo trascendió que el costo de tal «estrategia» asciende a 5.100 millones de dólares.
La Política de Seguridad y Defensa cumple dos funciones en la vida de un Estado. Hacia adentro, es la brújula para la toma de decisiones y el diseño de políticas, programas, planes y proyectos. Hacia afuera, es una forma de comunicar a la comunidad internacional el posicionamiento del Estado en su entorno estratégico. Por eso es tan importante que se haga pública. Alemania, por ejemplo, el mes pasado publicó su National Security Strategic. Japón hizo lo propio en diciembre de 2022 y EEUU generalmente lo hace al inicio de cada mandato presidencial; excepto en la administración de Joe Biden, que lo hizo casi a mitad de período: en octubre de 2022.
El secretismo con que el gobierno ecuatoriano maneja este asunto solo puede significar dos cosas: que no existe tal Política de Seguridad y Defensa y, por lo tanto, que Ecuador está anclado a una política ajena a sus intereses; o que su contenido –de hacerse público– sería repudiable en una sociedad democrática.
Desde el gobierno de EEUU hay una ruta trazada para el Ecuador. En octubre de 2022 alerté sobre el «Plan Ecuador» y la «intervención por invitación» que se había puesto en marcha.
Plan Ecuador e intervención por invitación
El «Plan Ecuador» está en marcha; y con él, la injerencia de los Estados Unidos (EEUU) en la crisis interna del país. El esquema de política exterior que sigue el gobierno de Lasso es similar al que utilizaron sus homólogos colombianos para hilvanar el «Plan Colombia». Se trata de una estrategia que impulsa el gobierno ecuatoriano para alinearse con los intereses de Washington a cambio de ayuda militar, económica y social. Arlene Tickner (2007) la denominó «intervención por invitación» y fue la primera en advertir de las debilidades de este esquema.
El «Plan Colombia», oficialmente denominado «Plan para la paz y el Fortalecimiento del Estado», nació por iniciativa del gobierno de Andrés Pastrana y luego fue reforzado durante la administración de Álvaro Uribe. Para lograr adeptos en Washington, el gobierno colombiano retrató la crisis interna de seguridad como una «amenaza» para la estabilidad y la seguridad hemisféricas.
Entre 2000 y 2006 Colombia recibió más de USD 4,000 millones en ayuda militar, económica y social estadounidense. Sin embargo, la promesa de fortalecer las capacidades estatales no se cumplió.
Recrudeció la militarización de sus fuerzas de seguridad, se incrementó la presencia de tropas, “asesores” militares y mercenarios extranjeros. Pero, sobre todo, «se enajenó la autonomía del Estado y de su control sobre los procesos de toma de decisiones respecto de la lucha antidrogas y antiterrorismo» (Tickner 2007, 106). Por si fuera poco, funcionarios gubernamentales del más alto nivel viajaban mensualmente a EEUU para “someter aspectos álgidos de la política interna a los debates y decisiones de Washington» (Tickner 2007, 107).
A principios de 2007, el gobierno de Uribe presentó la «Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y del Desarrollo Social 2007-2013», segunda fase del Plan Colombia. Sus resultados fueron exactamente lo contrario. El paramilitarismo, aupado por el gobierno y ciertas élites agroindustriales, hegemonizó el mercado de la cocaína. Los «falsos positivos» fueron la regla institucional de las fuerzas de seguridad para encubrir sus fechorías; y la violencia criminal y política creció incesantemente.
Aunque en el Palacio de Carondelet se ignore este antecedente, no hay que perderlo de vista. Las actuaciones del gobierno ecuatoriano no son ingenuas y hay suficientes indicios para anticipar el esquema general de lo que se avecina. Hagamos un breve recuento de los eventos que configuran la «intervención por invitación» como vía para un «Plan Ecuador».
El punto de inflexión en la política exterior del Ecuador fue la crisis de seguridad que se desató tras el coche bomba que estalló en el cuartel policial de San Lorenzo y el posterior secuestro del equipo periodístico de El Comercio, en enero y marzo del 2018, respectivamente.
Desde entonces, la espiral de violencia criminal crece con la misma intensidad con la que se estrechan los vínculos con EEUU, especialmente, en materia de seguridad. Para confirmarlo bastan dos indicadores. Primero, la frecuencia de visitas oficiales del alto mando militar y político estadounidense al Ecuador, desde marzo de 2018 hasta la fecha.
Segundo, la continuidad de los operadores políticos que han hecho posible la «intervención por invitación»: Ivonne Baki, Oswaldo Jarrín, María Paula Romo, Patricio Carrillo y Luis Lara, además de dos incorporaciones recientes: Juan Carlos Holguín y Diego Ordóñez. Los «siete magníficos», como suelen llamarlos en la embajada de EEUU y no precisamente como un halago.
Operativamente, fue necesaria la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad de la embajada estadounidense en Quito, el 2 de agosto de 2018, para crear las bases de la interacción subordinada que tanto ilusiona a los «siete magníficos». Luego, vino la reapertura de las oficinas de la USAID, el 15 de mayo de 2019; y, finalmente, la apertura de una central de operaciones de la INL en Guayaquil, el 7 de junio de 2022. La Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley –o INL, por sus siglas en inglés– está adscrita al Departamento de Estado y actualmente es la agencia federal de EEUU con más presencia en Ecuador.
Componentes estratégicos
El «Plan Ecuador», que lo anticipó Lasso en una entrevista, en Miami, el 8 de junio 2022, tiene dos componentes estratégicos. El primero, es una estrategia global de intervención en todas las áreas del Estado ecuatoriano. El marco de actuación para dicha estrategia global es la «Ley de Asociación entre Ecuador y EEUU» (véase la sección 9) que está en proceso de aprobación en el Congreso de los EEUU.
Este proyecto de ley nace de una iniciativa bipartidistas promovida por Bob Menéndez, Jim Risco, Tim Kaine y Marco Rubio. Lo que podría ser determinante para su aprobación luego de las elecciones legislativas que se avecinan en EEUU El segundo componente es la denominada «Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz». Es el documento que mostró el presidente Lasso en la entrevista con el periodista Rafael Cuesta, el 3 de octubre pasado. Aunque su contenido exacto sigue siendo un secreto, se conocen tres cosas. Habrá una fuerte inversión en tecnología israelí para recolección de información (¿sin orden judicial?). Fue elaborado por policías y militares que están a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, bajo supervisión extranjera, aunque Diego Ordóñez sea su representante civil. Cuenta con el visto bueno del Comando Sur de los EEUU
El problema no es que EEUU actúe como acostumbra. El problema es que los gobiernos de países periféricos como Ecuador no sepan desenvolverse en su contexto internacional con brújula propia. El alcance del «Plan Ecuador» es un trágico recordatorio de que no hay un Estado fallido, sino un gobierno fallido; incapaz de calibrar favorablemente los términos político de su relación con EEUU y de planear una salida no militarista a la crisis de seguridad que padece el país.
Gobierno rehén de las FFAA
Hoy se constatan avances en esa línea. El Congreso de EEUU aprobó en diciembre del año pasado la «Ley de Asociación Estratégica Ecuador-EEUU», que en lo fundamental dispone diseñar e implementar una estrategia de intervención en todas las esferas del Estado ecuatoriano; sin consultar ni tomar en cuenta al gobierno del Ecuador. Este sería el paraguas político con el que se viabilizó el acuerdo por 3100 millones para FFAA.
Pero ¿por qué hacerlo ahora, en medio de un proceso electoral anticipado? Sencillamente, porque así EEUU marca la cancha político-electoral del Ecuador de forma peligrosa para la frágil democracia sudamericana. Aunque el desembolso de los 3,100 millones no será inmediato, su anuncio ya genera expectativas en el alto mando de FFAA y condiciona su posicionamiento político con el Ejecutivo, actual y futuro. Así, EEUU tendrá un instrumento de coerción económica contra el próximo gobierno para disciplinarlo y lograr su alineamiento a los intereses de Washington, aprovechando la crítica situación de seguridad que atraviesa el Ecuador.
En estas circunstancias, hay que preguntarse: ¿las FFAA tolerarán que un nuevo gobierno desista del acuerdo o lo reformule significativamente? ¿Qué margen de maniobra tendrá el nuevo gobierno en materia de seguridad y defensa con estas restricciones impuestas desde una potencia extranjera? ¿Con este «acuerdo» se está blindando la militarización de la seguridad pública?
Más preocupante aún: ¿las fuerzas de seguridad del Ecuador siguen siendo subordinadas al poder civil y no deliberantes; o, por el contrario, se han convertido en el canal de transmisión de intereses foráneos? Si los candidatos a la presidencia guardan silencio frente a esta conducta chantajista de EEUU, corren el riesgo de asumir un gobierno atado de pies y manos.
