La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos, se reunió el jueves con el asesor del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional Camilo Enciso, en el salón plenario de ese Poder del Estado.
Durante la reunión, Ramos abordó los temas del marco de gobernanza y lucha contra la corrupción, estado de derecho, seguridad jurídica del derecho de la propiedad y la promoción del control social a la gestión pública, entre otros.
La magistrada explicó que el marco de gobernanza del Poder Judicial está contenido en el capítulo V de la Constitución Política de la República, donde se establece la estructura jurisdiccional del Poder Judicial, con la Corte Suprema de Justicia a la cabeza, seguida de los tribunales de Apelaciones y los juzgados de Distritos y Locales.
Agregó que con las reformas constitucionales del año 2014 se elevó a rango constitucional el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), para ejercer el gobierno del Poder Judicial en lo administrativo y financiero, y en la aplicación de la Carrera Judicial y el régimen disciplinario.
La funcionaria hizo referencia que el primer plan estratégico se llevó a cabo del 2003 al 2007, logrando implementar el Nuevo Modelo de Gestión de Despachos Judiciales y su herramienta informática, que ha permitido agilizar los procesos y brindar mayor transparencia y publicidad a las causas.
Agregó que en ese período se inició una profunda reforma procesal, a partir del Código Procesal Penal y el Código Penal; posteriormente el Código Procesal Civil, el Código de Familia, el nuevo Procedimiento Laboral y la Ley de Carrera Judicial.
La magistrada afirmó que “con esa reforma procesal se logró transformar los juicios escritos y lentos, en proceso orales, públicos y céleres, que sumados a la aplicación del nuevo modelo de gestión de despachos judiciales permitieron la reducción histórica de la mora judicial. Además de brindar mayor imparcialidad y acceso a la justicia para la población usuaria.
Precisó que, en ese período también se logró la consolidación de la Política de Equidad de Género del Poder Judicial y la formación de los judiciales en este tema.
Entre otros proyectos que se llevaron a cabo en ese período, la doctora Ramos Vanegas mencionó el de los Centros de Atención, Mediación y Orientación (CAMINOS), mediante los que se amplió el acceso a la justicia de los grupos vulnerables en comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe Norte. Se construyeron siete centros.
De igual manera, el Programa de Atención a Víctimas, que en su fase piloto se desarrolló en el Centro de Salud de Ciudad Sandino, el Instituto de Medicina Legal y el Centro de Atención de Apoyo a Personas que vivían violencia de Puerto Cabezas y Bluefields.
De esa manera, agregó, se creó el Programa de Atención a Mujeres y Niños Víctimas de Violencia Infantil e Intrafamiliar, para recibir tratamiento sicológico y medidas integrales para su abordaje en la protección de la vida de las mujeres y niños.
Manifestó que las experiencias y estadísticas de ese programa, sirvieron de insumo para la elaboración de la Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia la mujer, que también incluyó el establecimiento de Juzgados Especializados en Violencia, con judiciales seleccionados mediante concursos de oposición, de acuerdo a sus capacidades técnicas, pero también con sensibilidad humana para el abordaje de estos delitos y la protección a las víctimas.
