Moscú. Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa
Este lunes, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya anunció su laudo final en el arbitraje de diez años de duración entre la Federación de Rusia y Ucrania sobre los derechos de los Estados ribereños en el Estrecho de Kerch, el Mar de Azov y las aguas del Mar Negro que rodean Crimea. La controversia fue examinada por el tribunal arbitral internacional de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
El tribunal, integrado por cinco árbitros independientes de Argelia, el Reino Unido, México, Rusia y la República de Corea, emitió un laudo unánime. Este caso, que tiene importantes implicaciones geopolíticas, jurídicas internacionales e históricas, concluyó con una victoria decisiva para la Federación de Rusia.
Han sido rechazadas las numerosas reclamaciones de Ucrania, que acusaba a Rusia de violar decenas de artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Han fracasado los intentos de Kiev por cuestionar la soberanía de la Federación Rusa sobre la península de Crimea y los espacios marítimos adyacentes.
El tribunal arbitral denegó a Ucrania la devolución del control sobre los hidrocarburos, la pesca y otros recursos en las aguas de Crimea y la región de Azov, así como cualquier “compensación” o “reparación” por parte de Rusia por su explotación y los supuestos “daños” causados.
También fracasó el intento de Ucrania, con el apoyo de países occidentales, de declarar el estrecho de Kerch como “internacional”, permitiendo el paso a buques de cualquier Estado, incluidos buques de guerra.
Por primera vez en la historia, una decisión jurídicamente vinculante reconoció oficialmente el estatus del estrecho de Kerch y el mar de Azov como aguas interiores que forman parte del territorio soberano del Estado de la Federación Rusa.
El Tribunal Arbitral rechazó la demanda de Kiev de que la declaración de soberanía de la Federación Rusa sobre la totalidad del mar de Azov, tras la incorporación de los óblasts de Donbás, Zaporiyia y Jersón a Rusia, se considerara una violación del derecho internacional (en forma de “agravamiento de la controversia”).
Nada en la decisión impide a la Federación Rusa ejercer su soberanía, derechos soberanos y jurisdicción en los espacios marítimos adyacentes a la península de Crimea, el mar de Azov y la cuenca de Azov-Kerch.
Ha sido rechazada la absurda y cínica exigencia de Ucrania de desmantelar el puente de Crimea. La mera formulación de esta exigencia, a sabiendas de que es inaplicable, ha puesto de manifiesto la naturaleza inhumana del régimen de Kiev, que sigue intentando «castigar» a los crimeos por su elección a favor de Rusia. Se han considerado infundadas las afirmaciones de la parte ucraniana sobre la supuesta obstaculización de la navegación de los buques en dichas aguas por parte del Puente de Crimea.
Ha sido reconocido que la construcción del Puente de Crimea, el paso de las plataformas de perforación flotantes a la jurisdicción rusa y la realización de inspecciones de buques en el estrecho de Kerch por parte de los guardacostas rusos no contravienen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Del mismo modo, ha sido reconocida como plenamente conforme a la Convención y justificada la restricción temporal impuesta por la Federación de Rusia al paso de buques estatales extranjeros y buques de guerra en una serie de zonas del mar Negro entre abril y octubre de 2021.
Han sido considerados totalmente infundadas y carentes de pruebas las acusaciones de Ucrania de que la Federación Rusa ha incumplido sus obligaciones en materia de conservación del patrimonio cultural subacuático.
El tribunal de arbitraje también desestimó todas las alegaciones de la parte ucraniana sobre el supuesto daño ambiental causado por Rusia. Se reconoció que en Rusia existe un sistema eficaz de monitoreo ambiental.
El único punto en el que se hizo una «concesión» a Ucrania fue la indicación de que no se había cumplido plenamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) en el marco de la construcción del puente de Crimea, el puente energético y el gasoducto a través del estrecho de Kerch. En opinión del tribunal arbitral, la evaluación ambiental se llevó a cabo en plazos excesivamente ajustados y no abarcó las cuatro estaciones de la ejecución de los proyectos, y sus resultados no se publicaron debidamente. Cabe señalar que el tribunal arbitral señaló, al mismo tiempo, el incumplimiento por parte de Ucrania de sus propias obligaciones en materia de cooperación internacional en el ámbito de la protección del entorno.
El ritmo al que se llevó a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en la ejecución de proyectos de infraestructura a gran escala —por lo cual el tribunal de arbitraje reprendió a la parte rusa— se debió, ante todo, a la imperiosa necesidad humanitaria de garantizar el abastecimiento de recursos vitales (electricidad, agua, alimentos, medicamentos) en condiciones de un bloqueo total y severo de la península por parte de Ucrania. En cualquier caso, el peritaje ambiental ruso resultó acertado: tal como lo confirmó el tribunal arbitral, la construcción del Puente de Crimea y de la infraestructura asociada no causó daño al medio ambiente.
En este sentido, consideramos que la postura del tribunal arbitral respecto a los parámetros de la EIA realizada por Rusia constituye un «consuelo» simbólico para la parte ucraniana, que perdió el caso.
Tal como lo resolvió unánimemente el tribunal arbitral (sección IX, párr. 1281 de la decisión), «… al proporcionar [este] recurso declarativo, no es necesario adoptar una decisión sobre el cese de las acciones, las garantías de no repetición o las reparaciones».
La parte rusa está satisfecha con el resultado del procedimiento.
Esta decisión del tribunal arbitral supone una derrota significativa para Ucrania y Occidente en la «guerra jurídica» que ellos mismos desataron contra Rusia.
