La llamada Autonomía Escolar, impulsada por los gobiernos neoliberales para legalizar los cobros arbitrarios en los distintos centros de enseñanza públicos del país, pasó a la historia con la publicación este 22 de septiembre en el Diario Oficial La Gaceta, la derogación de la Ley 413 “Ley de Participación Educativa y su Reglamento”, aprobada el 7 de febrero de 2002.
De la misma manera se deroga el Decreto No. 46-2002, Reglamento de la Ley de Participación Educativa, aprobado el 14 de mayo del 2002.
En los considerandos se expresa que la Constitución Política establece que el acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses, la enseñanza de primaria y secundaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia.
Señala que esto permitió que se realizarán cobros a los padres de familia en concepto de “aportes voluntarios” con carácter obligatorio, hecho que vulneraba la disposición constitucional establecida en el artículo 121 de la Constitución Política.
Expresa que a partir del 2007, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha venido garantizando el goce del derecho humano fundamental a la gratuidad de la educación en los centros públicos de enseñanza y ampliar la cobertura del servicio educativo a todas y todos los nicaragüenses, prohibiendo los cobros de aportes voluntarios en las escuelas públicas del país.
