Los afrodescendientes de Centroamérica y, principalmente los nicaragüenses, provienen de pueblos originarios de más de once civilizaciones africanas: las que habitaban las regiones que actualmente incluyen las naciones de Mali, Ghana, Senegal, Guinea Ecuatorial, Bissau, Costa de Marfil, Sudan, Burkina Faso, Liberia y Sierra Leone.
Los Creoles, una de las dos vertientes descendientes de africanos, son el resultado de una mezcla con indígenas kukras y europeos que se asentaron en Bluefields, Corn Island y Bragman Bluff (Bilwi).
La otra vertiente africana arribó al Caribe en el año 1675, cuando un barco con africanos esclavizados naufragó en las costas de la Isla San Vicente y los sobrevivientes encontraron refugio entre los Kalinago o Caribs. Así mismo, otros africanos esclavizados que escaparon de Barbados, Santa Lucía y Grenada también encontraron refugio en San Vincente (descendientes de los indígenas Kalinago y africanos que se llamaron “Kerebs” y luego “Garífunas”). Estas dos vertientes nutren el acervo multiétnico y pluricultural de la nacionalidad nicaragüense.
En América Latina se estima hay una población de más de 150 millones de afrodescendientes que es equivalente al 30% de la población de la región, habiendo poca información acerca de su situación económica, social y organizativa. Esta población, en su mayoría, reside en áreas de alta densidad urbana, tiene poco nivel educativo y, por consiguiente, un acceso limitado a empleos dignos, viviendas dignas, créditos financieros o beneficios de salud, entre otras limitantes. También podemos observar su limitada presencia en la política y en el gobierno, estando expuestos a flagrante e intensa discriminación basada, principalmente, en el color de su piel, su apariencia física y el origen ancestral africano.
Uno de los peores estigmas que sufre la población afrodescendiente en Latinoamérica es la invisibilidad. Convirtiéndose en una de las mayores manifestaciones contemporáneas de racismo y que conlleva múltiples formas de discriminación, prejuicios, aislamiento y exclusión.
La invisibilidad provoca barreras en la participación de afrodescendientes en las distintas esferas de toma de decisiones, habiendo también invisibilidad en los censos, en la historia de nuestros países y en el diseño e implementación de políticas públicas que activamente persiguen borrar de la memoria individual y colectiva cualquier contribución que mujeres y hombres afrodescendientes hayan hecho para el avance y desarrollo de nuestros países y región.
El trasfondo de esta situación es el hecho de que los grupos étnicos dominantes, los gobiernos y las organizaciones internacionales, así como la sociedad civil de nuestros países todavía se niegan a reconocer que los Afrodescendientes también somos “pueblos”descendientes de pueblos originarios, autóctonos de África, traídos en contra de su voluntad a Las Américas en el mercado trasatlántico de esclavos negros más grande jamás conocido y, universalmente, repudiado. Contrario a lo anterior, se nos relega como un subgrupo del concepto de “pueblos indígenas”, aun cuando no somos reconocidos ni representados como tales en nuestros países.
Veamos, como ejemplo, a los distintos grupos étnicos existentes en Nicaragua, a saber: Miskitos, Sumu-Mayangnas, Ramas y los pueblos indígenas del Pacífico Centro y Norte del país. Están también los Kriols y los Garífunas. De éstos a los que se considera como indígenas es, únicamente, a los cuatro primeros y a los Creoles y Garífunas que son afrodescendientes. La legislación nicaragüense los invisibiliza bajo el concepto vago de “comunidades étnicas” (Ley No. 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua”).
Sin embargo, es importante reconocer que en la última década países como Ecuador, Bolivia, Colombia y Brasil han aprobado legislaciones que reconocen derechos a sus poblaciones afrodescendientes y más recientemente, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los miembros de nuestra América (ALBA) adoptaron resoluciones para promover la interculturalidad, señalando que la misma es condición indispensable para la construcción de la nueva visión de integración latinoamericana y el pleno reconocimiento de la diversidad de nuestros pueblos, el respeto a sus tradiciones y el diálogo entre las culturas.
Ciertamente en ese concierto internacional Nicaragua sigue siendo el país en América Latina que posee el marco jurídico-legal de mayor reconocimiento de los Derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, comenzando con la Constitución de la República de 1987; el Estatuto de Autonomía; la nueva Ley General de Educación; el Modelo de Salud Regional y la Ley de Medicina Tradicional; el Modelo de Administración de Justicia para las Regiones Autónomas; Criminalización del delito de Discriminación Racial; Demarcación y Titulación de la Propiedad Comunal u otras que se enmarcan en el contexto de la administración pública de nuestro proceso de Autonomía.
Por otra parte, el gobierno de Nicaragua ha nombrado a un número importante de líderes afrodescendientes en su gabinete de gobierno, así como en el sistema de administración de justicia. También nombró al primer afrodescendiente como Embajador de Nicaragua en Estados Unidos. Así mismo, es importante señalar que el presidente Daniel Ortega fue el primer líder político en el país que comenzó a utilizar, en sus discursos, el término afrodescendiente, reconociendo sus aportes e incorporando la distinción de nuestros pueblos en las políticas públicas y estrategias de desarrollo del país.
En ese sentido, se puede afirmar que Nicaragua es el único país de Centroamérica y, probablemente de Latinoamérica, donde 23 Territorios que pertenecen a 300 comunidades indígenas y afrodescendientes han sido demarcados y titulados como parte de una reivindicación histórica, abarcando el 35% del Caribe nicaragüense. Es decir, toda la zona costera de ambas regiones autónomas y la desembocadura de los principales ríos, además del 40% de la Reserva Indio Maíz y 60% de la Reserva Bosawás, mismas que son administradas bajo el objetivo estratégico de promover, en conjunto, el desarrollo humano, cultural y social de los pueblos afrodescendientes e indígenas que habitan en estos territorios.
Es importante recordar que el día 23 de diciembre del 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 68/237, “proclama “el Decenio Internacional de los Afrodescendientes”, comenzando el 1 de enero del 2015 y que concluye el 31 de diciembre del 2024, con el tema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”, “con la visión de fortalecer acciones nacionales y la cooperación regional e internacional para el beneficio de los pueblos afrodescendientes en relación al goce y disfrute de todos sus derechos, su participación e integración efectiva a la sociedad y la promoción del conocimiento ancestral y el respeto a su herencia y cultura diversa”.
Por lo anterior, nos compete a todos por igual, al gobierno de Nicaragua y a los de toda América Latina, empresas privadas, organizaciones afrodescendientes, indígenas y a la sociedad civil trabajar juntos en la elaboración de una agenda que recoja planteamientos concretos que aseguren que: más allá del reconocimiento legal, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos de los pueblos afrodescendientes de Nicaragua y del mundo también puedan constituirse en plena realidad. A su vez, a nivel internacional es fundamental aprovechar esta oportunidad e incidir para que los otros países de Latinoamérica sigan el ejemplo de Nicaragua y reconozcan la existencia de los pueblos afrodescendientes, ratifiquen la Declaración Internacional de Pueblos Afrodescendientes, reivindiquen sus Derechos Históricos a la Propiedad, el uso de sus lenguas, costumbres y tradiciones. Se fortalezcan sus marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y que en la Organización de Estados Americanos todos los países miembros aprueben la Convención Americana para la Eliminación de la Discriminación Racial y aseguren su aplicación plena y efectiva.
