El periodista y analista político William Grigsby resaltó este jueves la manera preventiva en que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega está defendiendo el poder ante una conspiración con apoyo financiero del exterior.
Aclaró que los políticos detenidos en los últimos días por presunto lavado de dinero y otros delitos que atentan contra la soberanía nacional, no fueron detenidos por el intento fallido de golpe de estado del año 2018, sino que “están siendo detenidos por lo que ahora están haciendo y por lo que preparan hacer”.
Durante una entrevista realizada en Canal 4, expresó que había señales claras de que esas personas preparaban una nueva “intentona con incluso ribete de mucho mayor, terrorismo y fuerza”, por lo que se procedió a descabezar ese esfuerzo, ya que se estaba cometiendo delitos claros.
Grigsby agregó que lo que está haciendo Daniel es excepcional, pues está defendiendo el poder de una manera preventiva.
Recordó que el país marchaba en dirección a las elecciones generales del 7 de noviembre próximo cuando “de pronto aparece esta conspiración y no queda de otra que defender el poder con los instrumentos al alcance del gobierno”.
Reiteró que la fuente del poder ejercido por el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional es democrática y se asienta en un marco jurídico existente, no inventado para la ocasión.
Aseveró que en Nicaragua está funcionando un cartel de comunicación familiar, manejado por la familia Chamorro.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), cuya representante Cristiana Chamorro enfrenta un proceso judicial por presunto delito de lavado de dinero y activos, financiaba a un medio de comunicación (diario La Prensa) del cual es socia y eso es corrupción, argumentó.
Acerca de la organización, que cesó operaciones el 5 de febrero último por propia decisión, Grigsby apuntó que en ese momento contaba en sus arcas con siete millones de dólares, y luego las autoridades encontraron esa cantidad en cuentas personales.
También se refirió al precandidato presidencial opositor Arturo Cruz, otro de los enjuiciados, quien la semana anterior de ufanaba de un viaje a Washington donde cabildeó para sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta por sus siglas en inglés).
Esa actuación, que afectaría el empleo de decenas de miles de nicaragüenses, es considerada punible por la Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
