Brasilia. Agencias
Las fuerzas de seguridad han retomado el control del Palacio de Planalto y del Congreso Nacional, luego de asegurar el Supremo Tribunal Federal. La intervención de la Policía Militar arrojó un saldo de alrededor de 150 personas detenidas por los disturbios.
La cadena de televisión CNN Brasil mostró imágenes de bolsonaristas bajar la rampa del Palacio presidencial de Planalto en fila, con las manos a la espalda, flanqueados por policías. En otras imágenes se ve un autobús lleno de manifestantes arrestados siendo trasladados hacia una repartición de la Policía en el Distrito Federal de Brasilia.
De su lado, la Policía del Senado informó que había arrestado a 30 personas dentro del Congreso, invadido por los bolsonaristas, al igual que el palacio presidencial y el Tribunal Supremo Federal (TSF, la Corte Suprema). Al caer la noche, la fuerza pública parecía retomar progresivamente el control de la situación, manteniendo a raya a manifestantes con agua lanzada desde tanquetas, aunque decenas de seguidores del expresidente seguían en las calles y la situación seguía siendo confusa.
El gobierno de Brasil pidió al TSF que ordene la detención del recién despedido secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, por haber permitido el ataque y la invasión.
A los gritos de “limpieza general” y al sonido de himnos brasileños, un inmenso grupo de bolsonaristas invadió este domingo la Explanada de los Ministerios para manifestarse contra los resultados de la segunda vuelta de elecciones del 30 de octubre que ganó Lula.
Los extremistas, que piden una intervención militar y son calificados por comentaristas políticos televisivos de terroristas, entraron al Congreso Nacional bajo una lluvia de bombas de gas lacrimógeno lanzadas por agentes de la Policía Militar.
Según los medios locales, en la zona había tres autobuses con agentes de seguridad, pero no resultó suficiente como para contener a los manifestantes, que llegaron al Congreso Nacional vistiendo en su mayoría los colores verde y amarillo, superaron una barrera policial y subieron la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado.
Tras la irrupción en el Parlamento, los inconformes con la victoria electiva y asunción al poder de Lula ingresaron al Supremo Tribunal Federal. De igual manera, en el Palacio del Planalto, un grupo de radicales llegó hasta el cuarto piso y depredó el baluarte del Poder Ejecutivo.
Antes de las incursiones, agentes de la Policía Militar con spray de pimienta intentaron contener a los bolsonaristas que estaban armados con palos y piedras; sin embargo, estos penetraron en las áreas de contención de los edificios en la Plaza de los Tres Poderes.
Los cristales de la sede del Congreso están rotos y los bolsonaristas alcanzaron el Salón Verde de la Cámara de Diputados, área que da acceso al plenario de la asamblea.
Los agentes también utilizaron bombas de efecto moral para tratar de frenar a los participantes en los actos golpistas y antidemocráticos, como los califican analistas políticos en diferentes estaciones televisivas.
Tras la irrupción en el Congreso Nacional, ingresaron al Supremo Tribunal Federal. En ese predio, rompieron vidrios de la fachada, entraron en el edificio y llegaron hasta el plenario. Asimismo, en el Palacio del Planalto, los radicales llegaron hasta el cuarto piso y depredaron la sede del Poder Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Flavio Dino, llamó a los actos antidemocráticos absurdos y afirmó que “el intento de imponer la voluntad por la fuerza no prevalecerá”. Dino comunicó que el Gobierno del Distrito Federal informó que “habrá refuerzos”.
Intervención federal de Brasilia
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó este domingo la intervención del Distrito Federal, después de la violenta toma bolsonarista a los edificios del Palacio de Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo, en Brasilia.
La medida le permite al mandatario movilizar a la fuerza militar en esa zona. El encargado de liderar la intervención es Ricardo García Capelli, actual secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia. El objetivo de la intervención es “poner fin al grave comprometimiento del orden público” en el DF, marcado por actos de violencia e invasión de edificios públicos.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil avaló la intervención de las autoridades federales en el Distrito Federal de Brasilia.
Entre las atribuciones del interventor está la facultad de pedir a los órganos civiles y militares, de administración pública federal, “los medios necesarios para la consecución del objetivo de la intervención”.
De acuerdo con el decreto, García estará subordinado al presidente de la República y no a las normas de distrito que entren en conflicto con las medidas necesarias para la ejecución de la intervención.
Las personas que asaltaron los tres poderes de gobierno en Brasilia son fascistas fanáticos, acusó el Lula. Durante su urgente alocución, Lula afirmó que hubo falta de seguridad en el DF y prometió que los terroristas serán encontrados y castigados. Se dictó la medida hasta el 31 de enero.
“Esos vándalos, que podemos llamar fascistas, fanáticos hicieron lo que nunca se hizo en la historia de ese país”, denunció el fundador del Partido de los Trabajadores.
El mandatario prometió investigar “quiénes son los financistas” de la logística utilizada por los grupos radicales que perpetraron la irrupción violenta a esos edificios. “Todos ellos pagarán con la fuerza de la ley”, garantizó en una alocución transmitida en sus redes sociales.
“La democracia garantiza el derecho de la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy, por eso deben ser castigados”, estimó el mandatario. “Y vamos a descubrir quiénes son los financiadores de lo que se hizo en Brasilia hoy y todos ellos pagarán con la fuerza de la ley”, añadió.
Para Lula, los protagonistas de esos actos violentos “sin precedentes” en la historia de Brasil son “vándalos y fascistas”, que habrían sido alentados por los discursos extremistas de Bolsonaro, a quien no dudó en calificar como “el genocida que dejó el poder”.
Lula responsabilizó al ultraderechista –que se encuentra en EE.UU. desde finales de diciembre y no asistió a la ceremonia de traspaso de poder– de haber promovido discursos que habrían estimulado “la invasión de los tres poderes”.
“Esto también es su responsabilidad y de los partidos que pertenecen a él”, aseveró el presidente. Del mismo modo, afirmó que si algún miembro de su Gobierno facilitó esa acción violenta, por “omisión”, también tendrá que asumir la parte que le corresponda.
El mandatario adelantó que viajará a Brasilia para verificar la magnitud de los destrozos causados en los edificios de los poderes públicos, y garantizó que este tipo de acciones no volverán a ocurrir.
“Yo perdí elecciones en 1989, yo perdí en 1994, yo perdí elecciones en 1998, y en ningún momento ustedes vieron que militantes de mi partido o de izquierda hicieran cualquier humillación a un presidente de la República electo”, rememoró el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT).
Bandidos que desprecian democracia
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, denunció que lo ocurrido “no es un movimiento de masas, ni es espontáneo. Está organizado por bandidos, que tienen intereses muy objetivos: minería ilegal, acaparamiento de tierras, liberación de armas, milicias y otras cosas, todo eso bendecido por Bolsonaro. Todos desprecian la democracia, las instituciones”.
Hoffmann responsabilizó al gobierno del DF, por amenazas veladas sobre invasiones a instituciones en esta capital, concretadas este domingo por partidarios radicales de Bolsonaro.
“El Gobierno del DF fue irresponsable frente a la invasión de Brasilia y del Congreso Nacional. Es un crimen anunciado contra la democracia, contra la voluntad de las urnas y por otros intereses”, publicó Hoffmann en sus redes sociales. Apuntó que el gobernador Ibaneis Rocha y su dirección de Seguridad, “son responsables de lo que suceda”.
El procurador general Brasil, Augusto Aras, ordenó la noche del domingo a la Fiscalía del Distrito Federal (DF) Brasilia abrir una investigación sobre las invasiones al Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
“El procurador general de la República, Augusto Aras, monitorea y acompaña con preocupación los actos de vandalismo a edificios públicos que ocurren en Brasilia el domingo”, por seguidores radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, indica en una nota el Ministerio Público Federal.
Señala que “Aras mantiene contacto permanente con las autoridades y ha adoptado las iniciativas que competen a la institución para impedir la secuencia de actos de violencia”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Delegados de la Policía Federal (ADPF) criticó los actos antidemocráticos por las incursiones de partidarios de Bolsonaro y depredar la estructuras de los tres poderes. “Las autoridades públicas necesitan actuar de forma firme y rápida para restablecer el orden y liberar las sedes de los Poderes de la República”, divulgó la ADPF.
En un comunicado, pidió el castigo y la investigación de los involucrados en los ataques criminales. Consta en el texto que “el derecho a manifestarse democráticamente no incluye actos de vandalismo y violencia”.
