El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que extenderá por un año, hasta el 4 de enero del 2021, los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) a los miles de inmigrantes indocumentados de Nicaragua y Honduras, como ya había anunciado previamente esta semana para El Salvador.
De acuerdo con la información, esta medida ampara a unos 56,000 hondureños, 2,500 nicaragüenses y cerca de 198,000 salvadoreños, quienes además reciben un permiso de trabajo temporal.
Señala que la extensión de estos beneficios por un año también incluye a Haití, Nepal y Sudán, de acuerdo con una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés). La decisión amplía así la validez de las autorizaciones de empleo (EAD), documento que prueba el estatus legal de permanencia de los beneficiarios del programa.
“Es una tremenda noticia, pero hay que prestar detalle a lo que dice el gobierno, que solamente está extendiendo los beneficios del programa”, advierte Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Se enfoca mucho en esto el gobierno. No se trata de una extensión en sí del programa, porque el gobierno no reconoce que en los países favorecidos se mantienen las condiciones que generaron la protección”, agrega.
“El gobierno también advierte que los TPS están sujetos a lo que resuelvan las cortes. Esto puede cambiar en cualquier momento. Por eso solo extiende los beneficios y no el programa en sí, porque todo puede cambiar. El futuro de los programas están en manos de los tribunales de justicia”, indicó.
En marzo el gobierno de Donald Trump había dejado en suspenso la cancelación del TPS de Honduras y puso el destino del programa humanitario en manos de los tribunales de justicia. El TPS de Honduras fue cancelado por DHS el 4 de mayo de 2018 y concedió una última extensión hasta el 5 de enero de 2020.
En el caso de los nicaragüenses, el programa había sido cancelado el 6 de noviembre de 2017. El beneficio había sido otorgado a ambos países en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas.
El TPS de El Salvador, por su parte, fue cancelado en enero del año pasado. El gobierno les dio en esa ocasión hasta el mes de septiembre de 2019 como plazo para abandonar el país o buscar una salida legal a su situación. En el caso de ese país, el programa fue activado por primera vez en marzo de 2001 como parte de la respuesta humanitaria del gobierno federal estadounidense a los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero que ese año azotaron al país centroamericano.
En octubre del 2018 un juez bloqueó la decisión del gobierno de acabar con el TPS, asegurando que podría causar “un daño irreparable y grandes adversidades” a los beneficiarios. El fallo firmado por el juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, liberó de la deportación a esos más de 300,000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La medida no incluyó a Honduras porque ese país no participó en la demanda.
