El Estado de Nicaragua asumirá el control y la dirección administrativa de las dos empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, de acuerdo con un anteproyecto de ley remitido por el Presidente Daniel Ortega a la Asamblea Nacional para que la discuta y apruebe con trámite de urgencia.
La iniciativa presidencial, bajo el título de “Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de la energía eléctrica a la población nicaragüense”, fue remitida por el mandatario el pasado 15 de diciembre al Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras.
En la exposición de motivos, el Presidente Ortega recuerda que desde abril de 1998 las empresas distribuidoras DISNORTE y DISSUR están constituidas como sociedades anónimas tras la segmentación de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), que es una entidad pública que solo quedó dedicada a la generación de energía hidroeléctrica.
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Ambas empresas distribuidoras tienen contrato de distribución exclusiva de la energía eléctrica en el las zonas Pacífico y centro del país por un período de 30 años, firmado por el gobierno de Arnoldo Alemán en el año 2000. La suma de clientes de las dos empresas es de un millón 156 mil 319.
“Por lo tanto, el Estado de la República de Nicaragua debe velar por la continuidad y la prestación del servicio básico de la energía eléctrica, al ser constitucionalmente un derecho inalienable el acceso al mismo por parte de la población”, agrega la exposición del Presidente Ortega.
Asimismo, en la fundamentación de la ley, el mandatario cita el artículo 141 párrafo quinto de la Constitución Política de la República.
El artículo 1 de la iniciativa presidencial de ley indica que “por mandato de la presente Ley y para garantizar la continuidad y seguridad del servicio básico de la energía eléctrica a la población nicaragüense, se declara de soberanía soberana la totalidad de las acciones propiedad de la empresa TSK Melfosur Internacional, Sociedad Anónima (TMI, S.A.) en las empresas Distribuidora de Electricidad del Norte (Disnorte) y Distribuidora de Electricidad del Sur (Dissur)”.
Agrega que “por ministerio de ley la participación accionaria de TMI S.A. en DISNORTE y en DISSUR, pasa a ser propiedad del Estado de la República de Nicaragua”. Asimismo, en ese artículo la Ley establece que ambas empresas serán operadas y administradas por las entidades que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorice y/o delegue para tal efecto.
Añade que se mantienen inalterables las obligaciones que se desprenden de los contratos u obligaciones asumidas por las dos empresas, así como “se garantizan los derechos sindicales y laborales adquiridos de todos los trabajadores”, que continuarán laborando normalmente.
En el artículo 4, se establece que faculta a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), de carácter estatal, podrá también distribuir y/o comercializar energía eléctrica. Asimismo, se traslada de ENEL a ENATREL la Dirección de Operación de los Sistemas Aislados (DOSA).
Reacción de la empresa privada
En declaraciones al diario derechista La Prensa, el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), César Zamora calificó de positiva la iniciativa “porque le quita el riesgo a todo el sector, de que sea sancionada” la distribuidora, por sus vínculos comerciales con las generadoras propiedad de Albanisa, la cual es víctima de las agresiones de Estados Unidos.
El empresario consideró que la nacionalización de la compañía es acertada en el actual contexto. “Sin duda alguna se está revirtiendo el proceso de privatización (de Disnorte-Dissur), pero el riesgo de no hacerlo es mayor de quedarse a como está. Para todo el mundo es más transparente que la distribuidora pase a manos del Estado en un cien por ciento”, expresó el presidente de la Cámara de Energía.
Zamora dijo que la intervención estatal es la mejor opción “porque el riesgo de no hacerlo es mayor”, de que Disnorte y Dissur sean paralizadas económica y operativamente, si llegasen a ser represaliadas por EEUU.