Managua. Radio La Primerísima
La Asamblea Nacional aprobó este jueves la creación del Consejo Nacional de Rectores de Universidades y la Secretaría Técnica Especializada a iniciativa presentada por la Presidencia de la República.
Para la creación del consejo y la secretaría técnica, los diputados aprobaron una ley remitida por la Presidencia que reforma a la ley 89 o Ley de Autonomía de Educación Superior y otra a la Ley 82 o Ley General de Educación.
Las nuevas entidades atenderán todos los temas relacionados con la academia y las extensiones universitarias en sus distintas modalidades, así como el desarrollo de las diversas profesiones y carreras.
La Secretaría Técnica Especializada tendrá a su cargo la gestión de temas clave como el Registro Nacional de Títulos y Grados Académicos, la Gestión y el Desarrollo Tecnológico, los procesos acreditación, planificación y evaluación.
En la exposición de motivos, la Presidencia considera que “considerando que la educación superior, en todas sus expresiones y modalidades, constituye un ámbito prioritario para el desarrollo con justicia y equidad, es necesario continuar con el proceso de reordenamiento institucional. Este proceso implica organizar funciones y tareas con el objetivo de mejorar y perfeccionar el servicio que debemos al pueblo, optimizar el funcionamiento de las universidades públicas y ordenar el rol de las universidades privadas”.
La diputada Angela Espinoza, Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Medios de Comunicación, valoró los alcances de las reformas hechas a estas leyes.
“Estas reformas vienen a fortalecer nuestro modelo educativo a través de la formación de los y las estudiantes con una visión integral, contribuyendo al desarrollo humano sostenible que favorece la reducción de la pobreza, favorecerá la administración, mejorando los aspectos financieros y presupuestarios, facilitando a las universidades un acercamiento entre sus necesidades y los recursos asignados de conformidad a lo establecido en el artículo 114 de nuestra Constitución Política que dispone que las universidades según la ley, deben ser financiadas por el estado, recibirá una aportación anual del 6 por ciento del Presupuesto General de la República”, dijo.
