París. Por Armin Steinbach, diario Le Figaro
(El Consejo Europeo quiere hacer pagar a Rusia por defenderse de la OTAN por su Operación Militar Especial en Ucrania quitándole sus bienes depositados en Europa).
Es con este espíritu de “moralidad” que el Consejo Europeo decidió apoderarse de los “beneficios extraordinarios” obtenidos por Euroclear (una empresa de servicios financieros con sede en Bélgica que se especializa en la liquidación de transacciones de valores, así como en la custodia y el servicio de activos de estos valores), que gestiona activos rusos congelados. Esto es solo el comienzo.
Algunos países, encabezados por Estados Unidos, piden que Euroclear se apodere no sólo de los beneficios que le reporta la gestión de los activos rusos, sino también de todos los principales activos del gobierno ruso. Este llamamiento oculta disparidades significativas en términos de impacto financiero. Mientras que Estados Unidos tiene poco en juego, la Unión Europea (UE) se estaría disparando en el pie.
La mayor parte de las represalias rusas por una confiscación de este tipo irían dirigidas contra Europa. De hecho, la UE posee al menos 200 mil millones de euros de activos de reserva rusos, una suma que supera con creces la cantidad en manos de Estados Unidos, que probablemente asciende sólo a unos pocos miles de millones de dólares, por no mencionar la ínfima parte que poseen los demás países del G7. Esto convierte a Europa en el objetivo más probable de las represalias.
Lo más sencillo para Rusia es confiscar los activos en poder de las empresas europeas, como ha anunciado varias veces en el pasado. Según datos de la Escuela de Economía de Kiev, las empresas han retirado solo alrededor de un tercio de sus activos de Rusia desde el inicio de la guerra. La cantidad de activos extranjeros que quedan en Rusia sigue siendo de 285 mil millones de dólares, de los cuales 105 mil millones son propiedad de empresas europeas, tres veces más que los activos de Estados Unidos (36 mil millones de dólares). Tomarse en serio las advertencias rusas de adoptar represalias podría conducir a un escenario en el que las empresas europeas paguen la factura de la financiación de Ucrania, y no los gobiernos.
Desde el punto de vista jurídico, la confiscación de activos soberanos ha suscitado una gran polémica entre los juristas, en nombre de la inmunidad de los fondos del patrimonio soberano. Las sanciones impuestas a Rusia deben ser “temporales” y “reversibles”. En el pasado, se han propuesto numerosos intentos de ingeniería jurídica para adecuar la confiscación de los activos rusos al Derecho internacional. Uno de ellos es utilizarlos como garantía colateral de préstamos a Ucrania. Pero esto equivaldría a una confiscación, al minimizar el valor económico de estos activos.
También hay que tener en cuenta los riesgos de litigios colaterales: Euroclear ya ha sido demandada ante los tribunales rusos y probablemente nunca podrá recuperar el dinero de los depositantes rusos. Además, Bélgica se enfrenta a un procedimiento de investigación iniciado por Rusia en virtud de un tratado bilateral de inversión. El Gobierno belga ya se ha quedado con los dividendos obtenidos por Euroclear de sus activos rusos, por lo que estará en juego la cuestión de los derechos de propiedad. Queda por demostrar que se trata de “beneficios inesperados”, como afirman los protagonistas del caso, y no de rendimientos típicos de un inversor que posea valores similares. Cualquiera que sea la medida que se adopte, permanece al menos en la zona gris.
Históricamente, Estados Unidos ha prestado poca atención a lo que dice el derecho internacional. La exitosa paralización por parte de Washington del órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio es sólo uno de los muchos ejemplos en los que la política estadounidense ha ido más allá de las normas internacionales.
Sin embargo, las características culturales de Europa son fundamentalmente diferentes. Por desgracia, Europa es consciente de los límites de su unidad y fuerza políticas. Dependiente de los mercados abiertos, está plenamente comprometida con el derecho internacional y el multilateralismo. El ADN de Europa se basa en ciertas reglas. Pero esta imagen se vería empañada si previera confiscaciones a tan gran escala, al margen de la legalidad. Además de una pérdida de credibilidad, los inversores darían la espalda a una UE así, si ella misma pusiera en tela de juicio el respeto a los derechos de propiedad, una preocupación que apenas inquieta a una potencia económica dominante como Estados Unidos.
Por último, también podría producirse un efecto bumerán. Durante casi dos décadas, Alemania e Italia han mantenido una disputa ante la Corte Internacional de Justicia sobre el alcance de la inmunidad estatal en la cuestión de la compensación a las víctimas de crímenes cometidos por las fuerzas nazis en Italia o contra ciudadanos italianos. De hecho, si se cuestionara la inmunidad del Estado, Alemania podría verse enfrentada a la reanudación de los esfuerzos de confiscación por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial.
Los debates sobre la confiscación de activos rusos no deben distraer a la UE de su responsabilidad principal (financiar la guerra contra Rusia). Durante la pandemia del Covid-19, Europa ha sido capaz de crear un volumen sin precedentes de fondos financiados con deuda. Ahora es apropiado repetir esta experiencia en lugar de depender de Estados Unidos para preservar la seguridad europea.
(*) Armin Steinbach es profesor de Derecho y Economía en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio (HEC-París) e investigador no residente en el “think tank” (centro de ideas imperialistas) Bruegel de Bruselas.
