En el diálogo nacional que median los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua hay posiciones radicales y moderadas, pero los acercamientos cuestan porque se han asumido antagonismos y polarización, en donde los duros se imponen… La parte contraria al gobierno tiene dos posiciones. Una salida ya, que implique la renuncia de todo el gobierno y la creación de una especie de junta de gobierno que convoque a nuevas elecciones, lo que implicaría una ruptura de orden constitucional y un vacío de poder y otras que quieren adelanto de las elecciones a través de una reforma a la Constitución, pero que sea en el 2019… Y la postura oficial, de que debe respetarse la Constitución y crear las bases para un proceso electoral aceptado por todos para el 2021… Mañana miércoles al reanudarse las sesiones plenarias del diálogo se retomará la agenda de la democratización. En la mesa se plantea una reforma constitucional a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas. No se incluyó en la propuesta las elecciones al Parlamento Centroamericano… Esa reforma implicaría dos periodos, aprobarla este año y confirmarla el 10 de enero del 2019 y que un Consejo Supremo Electoral convoque a elecciones en el primer trimestre del 2019… Los dialogantes del sector privado, sociedad civil, campesinos y estudiantes desconocen no solo al Gobierno, sino también a la actual Asamblea Nacional. ¿Entonces quien va a reformar la Constitución y elegir nuevas autoridades electorales, con qué mayoría legislativa?…
Los opositores al Gobierno exigen como salida a la actual crisis política que se elijan nuevos magistrados del CSE, “por magistrados honestos de reconocida experiencia, credibilidad, idoneidad y honestidad que aseguren que el voto de la ciudadanía va a ser debidamente contado y respetado”… Aparentemente se estaría eliminando la posibilidad de que los partidos políticos actuales puedan sugerir representantes… Igualmente se propone “una nueva ley electoral, de acuerdo con la hoja de ruta formulada tanto por la OEA como por la Unión Europea en 2011 y 2016”… Esto ultimo es parte de la agenda propuesta por los obispos en el diálogo, en el que se pidió observación nacional e internacional y una ley de partidos políticos…
Aunque el sector privado, sociedad civil y partidos políticos de oposición decían que confiaban en la OEA y que esperaban acuerdos dentro del marco del Memorándum de Entendimiento, ahora no se quiere que la OEA presente un informe ante el diálogo nacional… Pero ese tema ya está en la agenda del diálogo, cuando ayer se estableció que las reformas se hagan de acuerdo a la hoja de ruta de la OEA… Se ha pedido, además, que se entreguen personerías jurídicas a partidos, como el MRS y otras que estarían pendientes y que se permita la conformación de alianzas como fue en 1990…
La suscripción popular fue establecida en la reforma constitucional de 1995 y funcionó para 1996. Aunque hubo muchos candidatos no le hizo mella a la alianza que encabezaba el PLC y la del FSLN… Después en las reformas constitucionales del 2000, fueron eliminadas porque se buscó el establecimiento del bipartidismo… Ahora, en el diálogo nacional, se ha propuesto restituir la suscripción popular, que en el fondo sería contraproducente para los partidos políticos tradicionales, pero que de aprobarse demostraría en el próximo proceso electoral quienes tienen estructura territorial y organización…
Los adversarios del gobierno quieren aprovechar la actual coyuntura para exigir nuevos magistrados en todos los poderes e instancias del Estado… En el 2010 cuando se vencieron 23 altos cargos, los liberales del PLC y del PLI no pudieron ponerse de acuerdo en la propuesta de nombres para ocupar esos cargos y se amarraron las manos con la sociedad civil y los empresarios en el Acuerdo Metrocentro II… Ahora la situación es totalmente diferente. Porque los partidos políticos quedarán excluidos por completo de la negociación que se va a dar en el seno del diálogo nacional en donde llevan el liderazgo los empresarios y la sociedad civil frente al FSLN…
Para el liderazgo del Frente Sandinista la enorme lista de cambios estructurales y casi una barrida total del Estado como la proponen en el diálogo nacional es desconocer al actual Gobierno y darle un golpe de Estado o reclamar lo que no se ha ganado a través del voto popular… El Ejecutivo y el FSLN apoya una serie de reformas electorales para darle certidumbre y seguridad a las próximas elecciones, con un nuevo CSE, una nueva ley electoral y nuevas reglas del juego, y que sea el gobierno que surja de las elecciones en el 2021 quien haga los cambios que se requieran en los poderes del Estado o una reforma a la Constitución… Además, el próximo año se vencen los cargos de magistrados en el poder electoral y judicial y su integración sí puede ser negociada…
La Constitución establece una serie de causales para la separación de un Presidente. Desde renuncia, muerte o enfermedad… En cualquiera de esos casos el Vicepresidente pasa a ocupar la Presidencia. En caso de ausencia del Presidente y Vicepresidente, asume entonces el Presidente de la Asamblea Nacional… Si los tres no pudiesen por esas causales asumir la Presidencia de la República correspondería nombrar de entre los 93 diputados de la Asamblea Nacional al sustituto… La Constitución no contempla otro procedimiento…
El diálogo nacional acordó ayer aceptar las recomendaciones de la CIDH y probablemente mañana se avance en la integración de una comisión para proceder a darle seguimiento a esas recomendaciones… Una de las recomendaciones claves que ha hecho la CIDH al Estado de Nicaragua es “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”… Organismos locales de derechos humanos están a favor de instalar esa comisión investigadora.
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