La señora Francisca “Pancha” Ramírez, que hace algunos años encabezó un grupo antisandinista formado por agricultores del municipio de Nueva Guinea para luchar contra el Gobierno, ha malversado fondos y se ha adueñado de los beneficios entregados por varios organismos internacionales para mantener a unas quince familias de refugiados en Costa Rica.
Según denuncian varios de los refugiados expulsados por Pancha Ramírez del campamento en el cual ella manda y ordena, ubicado en la localidad de Upala, norte de Costa Rica, además de alimentos y otros bienes, ella se ha adueñado de cuantiosos recursos en efectivo.
Pero además, Pancha Ramírez está ahora siendo demandada para que desaloje las tierras en donde está instalado el campamento, acusada por el propietario, un costarricense, de querer adueñarse de la parcela.
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Uno de los refugiados víctima de Ramírez, identificado como Cruz Arlen Miranda Arauz, ex miembro de la contrarrevolución armada en los años 80 relató que en Upala, el campamento fue instalado en unas tierras alquiladas por un cuñado de Ramírez. Además de los dueños del campamento, Pancha y su marido, allí también habitan las respectivas familias de los dos.
Poco después de instalados en el campamento, hace un poco menos de dos años, Pancha aceptó que vivieran en el predio varios refugiados de la zona de Nueva Guinea, involucrados en los tranques de la muerte instalados por la oposición entre enero y julio de 2018.
En declaraciones a PanAm Post, un medio digital de extrema derecha con sede en Costa Rica, Miranda Arauz comenta que la idea era que estos refugiados “llegaran al campamento para un intercambio recíproco: un pedazo de suelo dónde poder construir casas de madera para vivir a cambio de trabajar la tierra del campo para generar ingresos. Esa era la idea y así llegó el señor Arlen junto a su familia al campamento”.
Robó dinero y recursos
El problema fue que, según denuncias de los refugiados “a distintos organismos y las mismas explicaciones de Miranda Arauz, Francisca Ramírez, su familia y la de su esposo, empezaron a administrar de manera errónea recursos y donaciones de organizaciones para los campesinos en el exilio que llegaron al campamento”, agrega el medio digital.
Añade que “Fundación Mujer”, “Fundación Senderos”, ACNUR y “Pan Para el Mundo” son algunas de las organizaciones que “apoyaron a los refugiados con donaciones: se construyó infraestructura, se dieron provisiones para tres meses, se dio cerdas para las mujeres y hasta se aprobaron 500 dólares destinados para la siembra de cada campesino”.
“Uno de los inconvenientes fue que Chica administraba, junto a su familia y la de su esposo, la mayor parte de los recursos que llegaban; pero lo principal fue que Doña Chica, posteriormente y según contó Miranda Arauz al PanAm Post, siguió pidiendo apoyo a las organizaciones en nombre de los campesinos que llegaron a su propiedad”.
Los refugiados “decidieron pedirle a Chica la rendición de cuentas en reiteradas ocasiones sobre las donaciones y los proyectos financiados por Fundación Mujer, ACNUR, Pan Para el Mundo y Senderos, nada que tenga que ver con dinero”, aclaró el ex contra, solo recursos. “Pero la respuesta siempre fue negativa: «Aquí mando yo y no tengo que rendir cuentas a nadie», era la constante frase de Chica”, según Miranda Arauz.
Según PanAm Post, “el conflicto subió de tono y con el correr de los meses, y a raíz de que los refugiados hicieron pública sus molestias, Ramírez decidió echarlos de sus tierras donde habían pactado para trabajarlas. Fueron en total 9 familias las que se quedaron sin hogar y sin trabajo tras esta decisión. Solo quedó una familia adicional en el campamento, además de las de Chica y de su esposo”.
ACNUR guarda silencio
Esta situación fue denunciada a las autoridades de ACNUR y se logró una reunión donde, según comenta Cruz Arlen, el resultado fue contundente: Ramírez no pudo responder a las preguntas de ACNUR sobre las irregularidades denunciadas por los campesinos. Doña Chica lo que intentó fue justificar estas malas administraciones con un informe donde detallaba en qué gastó el dinero.
Aunque en una reunión con ACNUR Costa Rica, Ramírez no reconoció que había corrido a sus ex colegas, pero los audios presentados por los afectados la desmienten, como se presenta en el siguiente video:
https://s3.amazonaws.com/rlp680/files/uploads/2020/09/11/pancha-video_BvTowV6.mp4
Francisca Ramírez también ha desmentido esta situación en sus redes sociales, y dice que no “administran ningún fondo”, pero los refugiados piden cuentas, según comentan, por las donaciones no por dinero recibido. “El campamento campesino no administra ningún fondo. Hemos recibido apoyo en semillas y herramientas para trabajar y salir adelante en medio de las dificultades”, dijo Ramírez en su cuenta de Twitter.
Ramírez tiene como asesora legal a Mónica López Baltodano, que es dueña de algunos ONG y para sobrevivir en el seno de la oposición antisandinista, se inventó una agrupación de supuestos movimientos sociales.
López Baltodano y su agrupación, dice PanAm Post, “vive de donaciones, uno de sus donantes y contribuyentes es la Open Society Foundation del polémico empresario George Soros según una información publicada por República sobre las inversiones de Soros en Centroamérica. La Open Society habría otorgado la suma de USD $180 mil dólares, triangulados para López Baltodano a través de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
“Los financiamientos no son nada despreciables, el dinero que reciben es grande y sirve para instalar y promover sus agendas particulares. Pero lo más preocupante es el poder que tienen en los medios locales, puesto que tienen el mote de intocables al comulgar con ideas, posturas e incluso compartir financistas”, dice PanAm Post.
A continuación, presentamos la carta enviada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para los Refugiados (ACNUR), por los nicaragüenses que habitaban en el campamento UPALA expulsados por Ramírez, quienes exponen su situación en el campamento, pero no han tenido respuesta.
