Bayardo Arce acusa a empresarios de “politiquear”

Bayardo Arce acusa a empresarios de “politiquear” Managua. Radio La Primerísima

A valoración del asesor presidencial en temas económicos, Comandante Bayardo Arce, los empresarios haciéndose pasar como políticos son quienes están criticando la reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores, y no los banqueros.

En entrevista a La Primerísima, Arce indicó que los banqueros a través de su asociación enviaron una comunicación a la Asamblea Nacional expresando sus inquietudes sobre la normativa, y algunas de sus propuestas fueron recogidas y plasmadas en la ley que recientemente entró en vigencia.

“Yo no he visto a ningún banquero estar hablando sobre la ley ni diciendo todas esas barbaridades que dicen el presidente del Cosep, el ex presidente del Cosep y otros que están dedicados a la política, están politiqueando, los banqueros no, eso hay que distinguirlo”, opinó el asesor presidencial.

La Ley de Consumidores

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reformas y Adición a la Ley 842, Ley de Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias.

La ley garantiza una mejor y mayor protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el acceso a los bienes y servicios al ser este un derecho reconocido por el Estado de Nicaragua.

De la misma manera, establece claramente la dimensión del Estado como el más grande y principal consumidor y usuario, que representa a más de 6,3 millones de nicaragüenses.

La iniciativa fue consultada entes reguladores del sistema financiero, instituciones, así como organismos de cooperativas y defensores de los consumidores, Banco Central de Nicaragua y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), por vía escrita, cuyas propuestas fueron analizados por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, retomándose algunos para el fortalecimiento del dictamen.

Con la ley el Estado continúa siendo garante de los derechos de los nicaragüenses, especialmente en las relaciones de consumo, acceso y disponibilidad de bienes y servicios.

Asimismo, viene a fortalecer los mecanismos legales existentes garantizando los derechos de los consumidores y usuarios ante una decisión unilateral de un proveedor, y tutela las garantías procesales al otorgar el derecho a recibir una notificación verificable en caso de una negación o cancelación, lo que permita que puedan recurrir ante la instancia competente en defensa de sus intereses.

Además, las decisiones unilaterales no pueden extenderse a terceras personas distintas al consumidor o usuario afectado.

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